México descubrió esta madrugada que el horror no
sabe de cuentas.
En un escenario de ultratumba, ocultos en un
crematorio abandonado de Acapulco, fueron hallados 61 cadáveres, entre ellos
menores.
Con la terrible sangre fría con que se trata
estos hechos en México, las autoridades buscaron reducir la alarma ciudadana
señalando que los cuerpos ni habían sido mutilados ni calcinados; es decir, que
en apariencia no tenían las trazas habituales del narcoterror.
Pese a estas precisiones, las causas de su
muerte no fueron aclaradas, algo que en Acapulco, la ciudad más violenta de
México, mueve a todo tipo de sospechas.
La antigua joya del Pacífico, que en el recuerdo
de muchos extranjeros aún suscita visiones hollywoodienses de brillantina y
platino, es una población estragada por el crimen, con la tercera tasa de
homicidios más alta del mundo, después de Caracas y San Pedro Sula (Honduras),
y donde las bandas de narcos libran una guerra brutal por el control del
territorio.
En sus calles, la seguridad es escasa, y las
matanzas, habituales.
Más de 2,000 policías municipales, cerca del
80%, mantienen una huelga salvaje desde hace meses, tras negarse
sospechosamente a pasar las pruebas de idoneidad y los controles antidroga.
Su ausencia se ha suplido con un combinado de
Policía Federal, Ejército y Marina, pero el caos es tal que hasta una semana
más de un centenar de colegios no habían abierto sus puertas por miedo a los
asaltos.
En este ambiente hostil, el hallazgo de los
cadáveres se inscribe como un capítulo más en la historia de degradación de la
ciudad portuaria.
El crematorio, llamado Cremaciones El Pacífico, una
construcción de una sola planta y de unos 70 metros cuadrados, había dejado de
funcionar en 2009.
Se encuentra en la carretera Cayacao-Puerto
Marqués, una de las avenidas más transitadas de Acapulco, en medio de barrios
populosos donde vive la mayoría de los empleados de la zona turística del
balneario.
El lugar ahora está resguardado por policías
federales, estatales e infantes de marina.
Según las autoridades, los cuerpos llevaban
tiempo abandonados. Algunos estaban momificados, otros en descomposición.
Muchos habían sido envueltos en sábanas blancas.
Alguien había tomado la precaución de cubrir los
restos de cal viva. El mal olor, sin embargo, pudo más y alertó a los vecinos.
Uno de los motivos de mayor sospecha era que los
cadáveres correspondían a épocas muy diversas, hasta llegar a cuerpos
relativamente recientes.
Este hecho abonaba la hipótesis de que el lugar
fuera utilizado para dejar ejecutados por las bandas.
También se manejaba la posibilidad de que el
crematorio hubiese sido empleado como depósito clandestino de alguna funeraria.
En una entrevista con el diario El Universal, el
fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez, dijo "estamos ante una clara
violación a las leyes de sanidad (…), a lo mejor un posible fraude, porque es
un crematorio abandonado; sin embargo no podríamos dar una certeza por el
momento".
“A estas
alturas, no podemos asegurar ni descartar que haya intervención del crimen
organizado”, dijo un portavoz oficial.
Estado
violento
Guerrero es uno de los estados con más problemas
de violencia, según el gobierno federal. En los últimos meses se han encontrado
decenas de fosas clandestinas con un número no conocido de cuerpos.
La entidad es zona de disputa de varios grupos
de narcotráfico, como Guerreros Unidos, Los Rojos, La Familia Michoacana, Los
Caballeros Templarios y el cartel de los hermanos Beltrán Leyva.
El hallazgo de cadáveres es habitual en la
entidad. Sólo en 2014 se recuperaron más de 189 osamentas en el estado sureño,
149 de ellas en Iguala, a sólo 200 kilómetros de Acapulco.
En gran parte de los casos, las identificaciones
son imposibles debido a la práctica del narco de quemar los cuerpos hasta
convertirlos en ceniza.
La lentitud de los forenses es otra causa de la
incapacidad para dar nombre a estos muertos. Un ejemplo de ello, lo dio el caso
Iguala.
En septiembre del año pasado, 43 estudiantes
fueron secuestrados y desaparecidos por elementos de las policías municipales
de Iguala y Cocula junto a sicarios del cartel de los Guerreros Unidos.
Las autoridades mexicanas aseguran que los jóvenes
fueron asesinados y sus cuerpos incinerados la misma noche de su secuestro, el
26 de septiembre de 2014.
Sin embargo los padres de los normalistas
rechazan esta versión y piden la identificación científica de todos y cada uno
de sus seres queridos.
Las autoridades atribuyeron posible muerte de
los 43 estudiantes se atribuyó, precisamente, a una confusión debida al
enfrentamiento entre los carteles de Los Guerreros Unidos y Los Rojos.
En las primeras semanas de búsqueda se halló una
fosa con 38 cuerpos que, en un principio, se atribuyeron a los normalistas.
Luego se descartó, pero a día de hoy siguen sin haber sido identificados plenamente.
Estas carencias engrosan la cifra de los
desaparecidos, ese espectral reino al que pertenecen 23,000 personas en México
y que constituyen una de las más terribles derivaciones de la guerra contra el
narco.
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Con información de Elpais.com, Bbc.co.uk y Sinembargo.com.
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