Que la resolución de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Florence Cassez está apegada a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos que México aprobó y firmó, no hay duda. Que se privilegió el derecho y en su caso el “debido proceso”, por sobre la justicia y este caso debe servir como parteaguas para el nuevo paradigma del sistema procesal penal mexicano, llamado acusatorio y adversarial, tampoco. Se otorgó la presunción de inocencia.
Sin embargo, debemos recordar cómo en nuestro país, desgraciadamente, las cosas cuando ocurren, pocas veces son circunstanciales. Fue una decisión donde no se repuso el caso como en algunas otras ocasiones, sino se otorgó el amparo directo para liberarla de inmediato, justo para que la francesa tuviera tiempo de llegar al aeropuerto y huir a su país. Esto permitió evitarle se le pudieran fincar responsabilidades por cualquiera otro probable delito.
De esta forma, nunca sabremos si en realidad era culpable o inocente. Es decir, que por un error de forma simplemente no se llegó al fondo. De esta forma, Cassez se convertirá en una mancha más del sistema judicial mexicano.
No será lo mismo para el resto de la presunta banda de secuestradores porque en México nada ha cambiado aunque haya cambios. Nada se ha movido. Todo sigue igual porque los presuntos cambios hasta ahora no son otra cosa que simulación. La justicia responde sólo a los intereses políticos y económicos. Los intereses de los ciudadanos y de la Nación como tal, pueden seguir esperando como ha sido durante décadas.
Durante el pasado sexenio hubo una colusión de grupos políticos e intereses empresariales, incluidos los de algunos medios de comunicación, con toda la intención de poner en ridículo y hacer ver mal al anterior gobierno y abonar el regreso del viejo PRI con el cual se hicieron y crecieron hasta alcanzar un poder casi absoluto. Poco batallaron para lograrlo. Genaro García Luna y los distintos procuradores nombrados por Felipe Calderón, les hicieron la tarea.
Ante este fracaso de quienes fueron autoridad en su momento e hicieron mal su trabajo, es preciso que haya una investigación a fondo, imparcial y expedita para deslindar responsabilidades, localizar a los responsables y castigarlos, sea porque indebidamente montaron un espectáculo y se olvidaron de seguir los pasos que las leyes y el derecho marcan o porque su incapacidad fue tal que los resultados están ahí, muy claros.
No hacerlo es mantener la impunidad. No hacerlo es alimentar la simulación. No hacerlo es continuar con un México lastimado por la corrupción. No hacerlo es simplemente burlarse una vez más de sus ciudadanos.
Mucho cuidado también con los juzgadores. Así como hay jueces de consigna, los puede haber entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia y no está por demás realizar una revisión de las posturas de los integrantes de la Primera Sala el 8 de marzo pasado y ayer 23 de enero, así como los casos que han dictaminado. Eso lo analizaremos más adelante.
Empero la forma de gobernar y procurar justicia del viejo PRI, que es el nuevo reciclado, no es mejor que la del anterior gobierno. Por fallas al “debido proceso” hubo casos que se les cayeron de las manos a los priistas de entonces, como ocurrió con el montaje de “La Paca”, ideado por Pablo Chapa Bezanilla en contra de Raúl Salinas de Gortari, otro presunto delincuente absuelto por las inconsistencias en las acusaciones pero, sobre todo, por el teatro de la osamenta que probablemente pertenecía a Manuel Muñoz Rocha.
Como también, por faltas al debido proceso, muy probablemente pronto veamos fuera de las rejas al presunto Mario Aburto, el que se encuentra recluido en Almoloya y que en nada se parece al que presuntamente asesinó a Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas y que desapareció tras la calentadita que le habría dado Manlio Fabio Beltrones en Playas de Tijuana.
En fin, nuevamente en México no se hizo justicia y justicia es justificar con elementos probatorios la culpabilidad o en su caso la inocencia del o los indiciados, en un caso que fue, además de aplicación del derecho, de aplicación de la fuerza política.
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Renato Consuegra.
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