Hoy se cumplen dos años de la muerte de Alejandro Durán Sat, un joven estudiante de Arquitectura en la Universidad de Sonora, quien fuera atropellado impunemente por un auto que se subió a la banqueta donde el universitario estaba sentado, charlando con un grupo de amigos.
A dos años de distancia de estos hechos, las autoridades no han encontrado al conductor responsable de esta muerte, pese a que ya lo tienen identificado.
Rafael Cano Franco escribió el 23 de marzo de 2009, en la columna “Con dinero baila el perro” (http://fernandonoriega.wordpress.com/2009/03/23/con-dinero-baila-el-perro/) que no hay en la PGJE nadie que pueda dar información veraz sobre el caso y, por tanto, las dudas y sospechas aumentan. Queda el sentimiento popular de que con dinero se puede evadir la acción de la justicia.
En el caso del atropellamiento del joven Alejandro Durán Sat, la PGJE ha mostrado cerrazón e incapacidad para resolver un crimen, a pesar de contar con todos los elementos para hacerlo.
Ya tienen en su poder el vehículo, fue identificado por cuatro personas, saben quién es el propietario y, a pesar de ello, no encuentran al culpable, y, para colmo, dicen y se desdicen en sus versiones.
Por desgracia, éste y otros muchos casos parecidos, nos lleva a pensar que en Sonora se aplica una justicia selectiva que es vendible a quien tenga poder de compra: y de ejemplo, además del de Alejandro, están también el caso en el que Fernando Noriega, hijo de un prominente hombre de negocios sonorense y destacado miembro del Opus Dei, atropellara —bajo los influjos del alcohol— y diera muerte a una pareja de novios en las playas de Bahía Kino, y el terrible incendio de la guardería ABC, que provocara la muerte de 49 bebés y dejará con incapacidades físicas a más de una treintena, caso en el que los dueños y asociados —hijos de empresarios incrustados en el gobierno— gozan de una libertad que resulta una bofetada nacional.
Desde aquí, un abrazo solidario a los padres de Alejandro Durán Sat.
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