Hoy se cumplen ocho meses del siniestro de la Guardería ABC, y en Hermosillo, en el Nuevo Sonora, todavía huele a muerte, a impunidad, a corrupción, a tráfico de influencias: como niebla oscura, pesada y amarga, la sensación de que nunca se hará justicia pesa sobre una buena parte de la sociedad hermosillense, mientras los responsables directos e indirectos de la muerte de 49 infantes siguen libres gracias a que se han amparado en tecnicismos absurdos, defendidos por abogados prestigiosos que engañan la vista al hablar y que nos demuestran que en México las leyes tienen dos lecturas posibles: si tienes dinero, los abogados encontrarán salidas exhibiendo las debilidades de un sistema judicial y legal que ya no puede sostener tantas fantasías; si no tienes dinero, encontrarás muros que te encierren como chivo expiatorio, mientras los delitos —dolosos o imprudenciales o como quiera que le llamen los buitres del Derecho que medran con los apellidos de alcurnia— siguen sin perseguirse, y se ocultan tras una cortina de impunidad que debería avergonzarnos a todos, pero más a los que estuvieron y ya no están, y a los que están pero que parece que no están.
Las crónicas de prensa del día siguiente señalaban puntualmente sobre aquel 5 de junio: Eran las 14:50 horas cuando desde el almacén contiguo a la guardería ubicada en calle Mecánicos y Ferrocarrileros, empezó a salir humo, eran las primeras señales de la tragedia, pero nadie alcanzó a prever lo que quince minutos después ocurriría. Las flamas del almacén subieron hacia el techo que estaba cubierto con poliestireno, el cual a las 15:00 horas “brincó” hacia el de la estancia infantil que tiene una capacidad para atender hasta 190 niños menores de 4 años. Pero en esos momentos en el interior había 42 trabajadores administrativos y cuidadores, quienes velaban el sueño de los 135 niños que tenían bajo su cuidado. El fuego y el humo entraron a la guardería por el techo y empezaron a caer sobre el plafón de frigolit, el cual a su vez bañó a los pequeños que estaban en sus cunas. Las cuidadoras apenas alcanzaron a reaccionar, todo sucedió demasiado rápido, las llamas y la desesperación las invadieron, y a duras penas lograron sacar a unos cuantos niños…
Esa tarde, ahí mismo murieron 39 niños, y 39 personas más —entre pequeños y adultos— resultaron heridos. Ahí mismo también se gestaron actos de heroísmo que el gobierno del Viejo Sonora premió de inmediato, en un acto de lesa obscenidad, para acallar los reproches, las críticas, los gritos de los padres agraviados, el repudio de una sociedad que en su inmediatez ancestral no ha aprendido a leer las líneas del pasado para darle firmeza al presente y anticiparse a un futuro en el que la corrupción, el tráfico de influencias y la impunidad no sean la principal característica que nos marque con ese fatalismo propio de los pueblos condenados al fracaso, a la miseria y mediocridad, justo como hoy.
Como ha dicho Julio Scherer Ibarra —y como han dicho muchos ciudadanos más antes y después de él— la corrupción en nuestro país crece sin freno de gobierno en gobierno, en binomio con la impunidad.
Ambas, corrupción e impunidad, son causa y efecto en sí mismas y son utilizadas para gobernar de acuerdo a los intereses de grupo. Se dice de la estrategia que es el arte de dirigir. Se dirige un ejército, se dirige un partido; a los estrategas se les encomienda un proyecto para destrabar una situación crítica y a ellos se recurre para levantarse en una contienda cerrada.
No fue coincidencia, pues, que los estrategas de este tiempo azul y los del tiempo tricolor diseñaran la misma política para asegurar a un grupo en el poder. El pensamiento de los estrategas de uno y otro bando ha sido claro y preciso: el poder se conserva gracias a la impunidad.
Así, podemos imaginarnos a los culpables más señalados del incendio de la ABC —personajes de la anterior administración que huyeron despavoridos, algunos que se mantuvieron en la presente, dueños y parientes del negocio— diciéndose al calor de unas copas: “Seamos impunes, vivamos por encima de la ley, que las bondades de la ley se crearon para nosotros...” De esta manera, la impunidad termina en casta, grupo encerrado en sí mismo que gobierna conforme a sus designios.
Los impunes, por naturaleza propia, terminan conduciéndose como si fueran inocentes, ajenos a toda perversión política, y como impunes que se piensan, para ellos la rigurosidad de ley no existe. En estas condiciones, paradójicamente, la norma actúa contra los débiles, los no impunes, los que comparecen ante la ley y sus jueces, si así lo determinan los dueños transitorios del poder, porque los impunes se comportan como inocentes: son la ley y la ley no castiga a los de arriba, a los grandes, a los conductores.
El incendio de la guardería ABC y la muerte de 49 niños, más otros tantos que sobrevivientes que llevarán lesiones físicas y traumas espirituales por toda la vida, es un caso irritante hasta la desmesura, y está representado, con razón o con parte de ella, por un gobernador insigne en su impudicia y atropello a la civilidad, a quien perseguirá el desprecio público, aunque la impunidad sigue su fortaleza y la de aquellos culpables juzgados por la voz popular, tan cercanos al anterior mandatario estatal como al presente: de otra manera no se explica que sigan en libertad, gozando del escaso prestigio social que ya les queda y que se ha venido desmoronando día tras día.
Los expertos señalan que ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir al Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de hechos de tal magnitud, en los que la sola muerte de 49 infantes es un agraviante no sólo a las normatividades civiles, sino una violación a los derechos humanos, por consiguiente, son inaceptables las disposiciones de conmutación, las reglas de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de estos hechos.
Investigar y sancionar a los responsables de un siniestro de la magnitud que tuvo el del 5 de junio, es una obligación cuyo cumplimiento reviste particular relevancia porque constituye una forma de proteger a las víctimas, de repararlas y de prevenir otras violaciones similares.
La impunidad —es decir, la ausencia de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables— constituye en sí misma una violación de los derechos humanos, porque ella propicia la repetición crónica de las irregularidades y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos.
Esto permite concluir en que luchar contra la impunidad es un deber que se impone al Estado en su conjunto, y para asumir este reto, el Estado debe emprender todas las acciones que estén a su alcance; en otras palabras, cualquier acción que se promueva debe satisfacer los estándares sociales y de respeto a la vida.
El caso de la guardería ABC —todos lo sabemos y lo confirmamos cada día con espanto— nos ha dado una gran lección en el tema de la corrupción y la impunidad, vinculados en un mismo hecho, pues aquí la impunidad ha favorecido la corrupción y ésta a la impunidad. En ese sentido, señalaría algún magistrado, el combate contra estas dos problemáticas se debe estructurar a partir de la consolidación de un sistema de justicia efectivo y transparente, y de una legislación que establezca penas severas para quienes incurran en actos corruptos y propicien la impunidad.
Pero en Sonora esto es una utopía.
Lo fue antes y, mientras no haya muestra en contra, lo sigue siendo ahora: 49 cruces nos recuerdan la falta de ética social entre los funcionarios de primer nivel de las tres instancias de gobierno que permitieron por su codicia y su desidia que sucediera una tragedia sin antecedente en la historia de México y del mundo. 49 cruces que hace ocho meses se empezaron a levantar una a una sobre la conciencia social de un puñado de ciudadanos que mantienen fija su vista en el deseo de justicia, una justicia que ya no responderá muchas preguntas que en su momento pudieron haberse contestado sin mayor problema… si la impunidad y el tráfico de influencias no hubieran pesado como una cruz mayor sobre los que ahora se han escapado acaso para siempre…
Como sea, fuera de toda teoría legaloide y de la retórica de la esperanza que se repite una y otra vez cada día 5 del mes en turno, lo único cierto es que hoy se cumplen ocho meses del siniestro de la Guardería ABC, y en Hermosillo, en el Nuevo Sonora, todavía huele a muerte, a impunidad, a corrupción, a tráfico de influencias…