El otro día, hace unas semanas, vino Fernando Gómez Mont a Hermosillo. El secretario de Gobernación, pues. Ése que le echa la culpa de todos los males de México a la prensa y a los periodistas, claro. Así llegó, sin que nadie lo invitara y sin previo aviso. Qué raro, ¿no?
Ofreció una rueda de prensa, de ésas que resultan hasta sospechosas, y así como no queriendo la cosa, se refirió al invencido de la Guardería ABC, de infelice memoria: “Vemos con preocupación aquellas investigaciones que inclusive inducen la presencia de aceleradores en la zona del incendio, en la bodega, que inclusive pudieran generar o consolidar la hipótesis de actos intencionales respecto a esta tragedia”.
Y enseguida las salas de redacción le tupieron duro al teclado para ser los primeros en dar la noticia.
Pocos, muy pocos, buscaron al ex gobernador Eduardo Bours Castelo para ver qué pensaba de esas declaraciones. Alguien lo encontró y habló con él. Le preguntó al respecto, y José Eduardo respondió con el mismo tono lacónico y soberbio que siempre usó —tanto para hablarle a los viejitos de juventud avanzada, como a su yegua árabe y a su secretario particular—: “Hay que ver quién resultó beneficiado con el incendio de la Guardería ABC”, y después colgó porque tenía muchas cosas qué hacer. Y es que los ex gobernadores siempre tienen mucho qué hacer, no son como los jubilados, que se pasan el día pensando en que la pensión alcanza para tan poquito que… en fin…
En la inmediatez que nos señala a todos los mexicanos, entendimos que Bours intentó referirse al ganador de las elecciones del 2009, el panista Guillermo Padrés Elías; sin embargo, era por todos sabido que el vaquero Alfonso Elías Serrano, el delfín priista de Bours Castelo, iba tan a la baja hacia el final del proceso electoral, que no había forma de que ganara, de tal forma que habría que empañar el resultado y, además, salvar lo poco que quedaba de buena imagen de la administración en funciones el 5 de junio de 2009: eso se sacó a colación después, cuando el humo del incendio se había disipado y nadie en ese gobierno daba la cara por los niños muertos y heridos: ni el gobernador ni el procurador ni el encargado de Protección Civil… y, como dicen, el que calla, otorga.
Nadie dio la cara por los niños que habían muerto ni por los pequeños heridos; por el contrario, en un acto de cinismo oficial, en lugar de buscar a los culpables de la tragedia y hacerlos pagar por ello, se dedicó, en una ceremonia con aires de evento social, a premiar a los héroes para acallar las voces de la indignación.
En cualquier país medianamente civilizado, los funcionarios que tendrían que ver con asuntos de administración, seguridad y protección civil, tan cercanos al siniestro, hubieran presentado su renuncia de inmediato para no entorpecer las investigaciones.
Aquí no fue el caso: nadie dejó su lugar, y su presencia contaminó cualquier intento por darle claridad a las averiguaciones.
La opinión pública, que muchas veces tiene razón, es muy pero requete muy contreras, y la opinión pública concluyó en que el principal beneficiado con el siniestro no fue el ahora gobernador del Estado, sino el mismo gobierno de Bours, al destruirse en el fuego un número todavía no determinado, pero seguramente enorme, de documentación que podría afectar su administración, porque eran supuestas —todo es un supuesto porque todo ha quedado hasta hoy en simple jineteo oral en esta ciudad— evidencias de las malas prácticas financieras, cuyo producto no sólo se derivó hacia una pésima campaña electoral que intentaba arropar a los candidatos más endebles e impopulares que ha mostrado el PRI en las últimas décadas, sino también hacia las manos del círculo más cercano de empresarios que resultaron favorecidos con los grandes contratos durante la administración y la puesta en práctica del Plan Sonora Proyecta, además del tráfico de influencias en otros tantos asuntos menores, negocios corruptos y demás testimonios de presuntas irregularidades administrativas.
De entre todos los beneficiados de ese círculo estaban, desde luego, los dueños de la ABC, quienes fueron y vinieron en libertad durante tanto tiempo. Hasta la fecha.
¿Por qué vino Gómez Mont a Hermosillo a decir lo que dijo?, es la pregunta de muchos ciudadanos de segunda y de tercera que convivimos bajo el raso del sol, a 40 grados centígrados. Carlos Puig (se pronuncia Puch, no Pig, como he escuchado a muchos decirlo, muertos de la risa, obviamente) dice en su columna Historias del más acá que a un año del incendio, el gobierno federal, en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, no ha informado con precisión y claridad qué sucedió en la Guardería ABC y cuáles, puntualmente, cree que son las responsabilidades, por negligencia o deliberadas, de cada uno de los actores políticos involucrados en el suceso.
Como se empieza a hacer costumbre, el informe más completo lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Informe que aún tiene que debatirse en la Corte para asignar responsabilidades. Falta poco para que se cumpla un año de la tragedia en Hermosillo, en la que murieron 49 niños y otros 79 resultaron heridos. Murieron en un lugar en el que el Estado les había prometido cuidarlos.
En medio de esto, sin coyuntura ni aviso —dice Puig—, Fernando Gómez Mont fue a Hermosillo y dijo: “Vemos con preocupación aquellas investigaciones que inclusive inducen la presencia de aceleradores en la zona del incendio, en la bodega, que inclusive pudieran generar o consolidar la hipótesis de actos intencionales respecto a esta tragedia”. ¿Actos intencionales? ¿Qué insinúa el secretario? ¿Será esa la defensa ante la Corte? ¿Hay averiguación previa?
Lorenzo Ramos, abogado de un grupo de familiares de los niños muertos, dijo:
“El secretario de Gobernación es abogado, es el responsable de la política interior y supuestamente es el segundo hombre mejor informado en el país y, sin embargo, no fue capaz de señalar a un responsable. Cuando señala que hay intencionalidad en un evento, pues obviamente se señala a un responsable y además se dice la mecánica y las pruebas que se tienen, pero sobre todo como abogado el señor Gómez Mont debió haberlas aportado al Ministerio Público y no a la prensa; es decir, aquí quedo la percepción que en realidad el secretario de Gobernación vino a —como se dice coloquialmente— acalambrar a Bours… a nosotros nos queda claro que Eduardo Bours tiene la responsabilidad jurídica y política en lo que hizo en la guardería, pero para eso están las instancias competentes.
“Nadie puede decir yo tengo un peritaje. Que lo exhiba. Son pruebas muy delicadas, ahora cuando tú haces un señalamiento tienes que sustentarlo, no es posible que simplemente lo digas al aire y te vayas como lo hizo el secretario de Gobernación, tan campante. Y como se dice aquí en Sonora ‘deje la víbora chillando ¿no?’”
¿Tiene otro peritaje Gómez Mont? ¿Uno que culpa al gobierno de Sonora, arrendador de la bodega donde empezó el incendio? La Suprema Corte nunca lo vio, según su informe preliminar. Ni intencional ni deliberado, según la Corte.
Sin embargo, en un medio nacional se dio a conocer que la bodega de la Secretaría de Finanzas del Estado estaba a un lado de la guardería porque siete años antes se había quemado la anterior.
También al final de un sexenio.
Y las llamas se llevaron todos los documentos financieros de un sexenio.
Ya sabemos, eso también es sólo una coincidencia. Nada intencional. Nada deliberado, como se podría pensar. Nada qué informar. Nada que escribir a casa…
Lo cierto es que estamos a escasos dos días para que se cumpla el primer aniversario de la tragedia. Una tragedia que, por sus dimensiones y alcances, por la impunidad y todas las irregularidades que han abierto boquetes enormes en una investigación que iniciaron quienes no debieron de haberlo hecho: los mismos que se señalan como culpables, puede catalogarse un crimen de lesa humanidad.
Un crimen que permitió desnudar el hambriento tráfico de influencias a la hora de otorgar las licencias para subrogar las guarderías del Seguro Social, en cuyo listado aparecen funcionarios de todas las entidades, algunos de sus familiares y empresarios de la peor ralea.
Un crimen que sólo ha castigado a los padres de familia de esos 49 niños fallecidos, de los 79 que tendrán lesiones para toda su vida y a los tantos adultos que sufrieron quemaduras en el rescate, y a un puñado de chivos expiatorios que sirvieron de carne de cañón. A nadie más.
Aquí no ha habido justicia. Aquí ya no habrá justicia, porque justicia que no es expedita no es justicia. Como bien dijo alguien: Hermosillo todavía huele a impunidad. Todavía…
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