La historia es muy sencilla, tan simple que hasta da vergüenza volver a comentarla. Pero es necesario hacerlo. Mañana se cumple un año del incendio de la guardería ABC y todavía una gran parte de la sociedad se encuentra indignada porque no se ha hecho justicia en esta tragedia.
La impunidad sigue siendo la gran compañera de los discursos oficiales, de las comparecencias, de los argumentos de quienes han sido señalados como culpables.
Y mire usted que varios han sido señalados como culpables.
Pero hay una luz al final del túnel. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, ha estudiado el caso desde hace varios meses. Y finalmente, el ministro encargado de la investigación del incendio de la guardería ABC, Arturo Zaldívar, llegó a la conclusión de que en este caso sí se registraron violaciones graves de garantías, de las que son responsables el actual director del IMSS, Daniel Karam; su antecesor y actual secretario de Comunicaciones, Juan Molinar; el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours; el ex titular de Protección Civil del Estado, Willebaldo Alatriste, y el ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara, entre otros.
Estas conclusiones forman parte del dictamen que Zaldívar entregó ayer jueves a sus compañeros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en el informe preliminar de las indagatorias del caso, que le entregaron a Zaldívar los magistrados de la Comisión Investigadora, María del Rosario Mota y Carlos Ronzon, se señalaba como responsables sólo a 19 funcionarios, federales, estatales y municipales.
Pero después de revisar las investigaciones, el ministro Zaldívar decidió incluir en la lista a otros servidores públicos, entre ellos, al actual director del IMSS, Daniel Karam.
Entre los funcionarios que Zaldívar también responsabiliza de violaciones graves de garantías destacan, además, el ex director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Sergio Antonio Salazar, y la ex coordinadora de Guarderías, Carla Rochín, quienes fueron cesados de su cargo un mes y medio después del siniestro, el 5 de junio de 2009, que provocara la muerte de 49 niños.
El caso de Carla Rochín generó particular atención porque se le vincula con la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, por su militancia panista y porque ambas fueron diputadas en la misma legislatura.
Para que el dictamen del ministro Zaldívar sea aprobado debe contar con el voto de al menos seis de los 11 ministros que integran el Pleno del máximo tribunal del país.
Esta es la primera ocasión en que, como resultado de una investigación, un ministro de la Corte propone responsabilizar de violaciones graves a un secretario de Estado y a funcionarios de primer nivel del gobierno federal.
Conforme a un acuerdo previo del Pleno del alto tribunal se espera que en las próximas horas la Corte anuncie que suspenderá las sesiones de la próxima semana para dedicarse al estudio del dictamen elaborado por Zaldívar.
La intención es que todos los ministros forjen su propio criterio sobre el tema, para que inicien la discusión y resolución de este caso a partir del lunes 14 de junio.
De entrada, el Pleno tiene que determinar si la investigación que se realizó fue suficiente o si se considera que debe ampliarse. Posteriormente, una vez definido este punto, tendrá que pasar a determinar las causas del incendio, la condición en que se encuentran el resto de las guarderías subrogadas del IMSS en todo el país, la legalidad de estos contratos, y, al final, si se registraron violaciones graves de garantías y quiénes son los responsables de las mismas.
La Corte, conforme al artículo 97 de la Constitución, no tiene atribuciones para sancionar a los funcionarios que encuentre responsables de las violaciones. Al Congreso de la Unión, al presidente de la República, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Función Pública, así como a las autoridades estatales y municipales de Sonora, es a quienes les compete promover cualquier tipo de sanción penal, política, civil o administrativa.
Se hizo público que antes de que el ministro Zaldívar presentara su dictamen, de última hora, ayer, los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar, acudieron a su oficina para tratar de deslindar de responsabilidades al gobierno federal. Sin embargo, no tuvieron éxito.
No obstante, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas, informó que se abocará a la lectura y estudio profundo del Dictamen elaborado por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, relativo a la tragedia ocurrida en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora. Todos dudamos eso, desde luego.
Después de que la SCJN hizo público el documento, dijo que dada su extensión amerita un análisis minucioso antes de emitir cualquier opinión sobre el mismo. Y es que el señor secretario no tiene tiempo para leer, sobre todo ahora que se acerca el mundial de Sudáfrica.
“En todo caso, el Secretario reitera por este medio su respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de Tribunal Constitucional del Estado Mexicano, y que se abocará en días próximos al estudio, análisis y discusión de este asunto”, destacó la dependencia en un comunicado.
“De este asunto”. Así lo dijeron, con un cinismo que raya en lo imbécil.
Y es que tienen muy buenos asesores: los mismos que Káram y que Calderón y demás funcionarios de primer nivel del gobierno federal, muchos de ellos (los asesores, se entiende) son los mismos que en su momento aconsejaban a los priistas que gobernaban al país, por eso no se ve una diferencia notable entre el discurso lleno de obscenidades de los panistas y el de los viejos priistas, que ahora quieren volver al poder.
No perdamos la fe: la memoria existe, conciudadanos, así que no abramos la puerta a ese pasado mayormente nefasto.
Igualmente, el ex director del IMSS y actual titular de la SCT, emitirá su opinión sobre el Dictamen en cuestión, una vez que cuente con todos los elementos de análisis jurídicos necesarios. “Pero será después del mundial”, dicen que dijeron los voceros.
La SCT recordó que el funcionario ha colaborado de manera voluntaria y permanente con las diversas autoridades involucradas en la investigación del caso, y subrayó que se mantendrá a disposición de las mismas, aportando información y los elementos de análisis.
El dictamen difundido este jueves, mencionó el vocero, es tan sólo la base sobre la cual el Pleno de la Corte deliberará en las próximas semanas, y que la resolución final será adoptada por el voto de la mayoría de los Ministros de la propia Corte.
Por su parte, el director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam, expresó su respeto al dictamen sobre la Guardaría ABC que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, el titular del IMSS dijo que analizará el informe del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ya que es un elemento más que se suma al proceso de análisis del Pleno de la SCJN, la cual deliberará al respecto y, en su carácter de órgano colegiado, resolverá por mayoría de votos de sus integrantes.
Daniel Karam señaló que seguirá este proceso con detenimiento y en un ámbito de pleno respeto a las expresiones de los integrantes de este órgano supremo del Poder Judicial.
¿Y Bours qué dijo sobre el dictamen de la SCJN?
Nadie sabe, nadie supo.
Anda en su rancho, dijo un vocero no oficial, digno de todo descrédito, del ex gobernador. Y añadió que lo más probable es que se haya referido a los ministros con las mismas palabras que utilizaba para referirse a los maestros y a los ciudadanos indeseables: “Que chinguen a su madre”, y para cerrar con broche de oro, la cereza del pastel: “¡Que se vayan a la jerga!”.
Dicen que así decía mucho el Eduardo. A mí no me consta, que quede claro. No sé si a usted, amable lector.
Por lo pronto, mañana se cumple un año de la tragedia y todavía no se disipa el humo de la indignación popular.
Nunca más, señores.
Nunca más.
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