Comprar fertilizante hoy día en Estados Unidos es, en esencia, la vía para ser sometido a una exhaustiva investigación del FBI que vigilará y reunirá datos personales del comprador para saber si su intención es envenenar el agua, si es un terrorista que piensa fabricar una bomba, si piensa hacer una prueba de metales o si piensa cultivar tomates, informó ayer el diario Washington Post.
Lo que pareciera ser el guión de un filme de ciencia ficción sobre la persecución anticomunista durante la Guerra Fría, resultó ser una realidad que este diario desveló tras una larga investigación: El programa Top Secret America creado desde los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York del 11 de septiembre de 2001, ha convertido a ciudadanos que no han violado ninguna ley en el blanco de las agencias de seguridad.
“Huellas digitales (provenientes) de todo el territorio de Estados Unidos son almacenadas, junto con otras que las autoridades estadunidenses recabaron de prisioneros en Arabia Saudita y Yemen, Irak y Afganistán”, revela la investigación que se extendió a lo largo de varios meses y que dio como resultado un extenso artículo firmado por Dana Priest y William M. Arkin.
El texto, que recuerda las revelaciones de Bob Woodward y Carl Berstein sobre el escándalo de espionaje republicano a los demócratas que llevó a la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974, informa que las mismas dependencias y tecnologías que han servido para perseguir enemigos en los campos de batalla de Irak y de Afganistán, se están volcando ahora en contra de los propios estadunidenses.
“Identificadores portátiles inalámbricos de huellas digitales que fueron usados por los soldados de Estados Unidos durante (los ataques a la) insurgencia de Irak para registrar a los residentes de barrios enteros” son usados ahora contra ciudadanos estadunidenses, dice el artículo que informa también que empresas como L-1 Identity Solutions está vendiendo el mismo tipo de equipos a los departamentos de policías para que revisen las identidades de los conductores.
“En Arizona, la Unidad de Reconocimiento Facial del Sheriff del Condado de Maricopa, está utilizando un tipo de equipo que se ve con frecuencia en las zonas de guerra, para registrar 9 mil registros biométricos digitales al mes”, dice.
Porque los avances técnicos que las unidades de operaciones especiales desplegaron en el exterior para matar a los líderes de Al-Qaeda están expandiéndose ahora a través de Estados Unidos:
“En las líneas del frente, esos avances permitieron la rápida fusión de los registros computarizados de las identificaciones biométricas con los números de teléfonos celulares para que los soldados pudieran lanzar el siguiente ataque sorpresivo”, dice el reportaje del rotativo estadunidense.
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Recursos casi ilimitados
Pero también considerables cantidades secretas de dinero para fichar a la población en la búsqueda de supuestos terroristas que, en el caso del Departamento de Seguridad Nacional, que dirige la ex gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, se ha traducido, según esta investigación, en donaciones de 31 mil millones de dólares, desde 2003, a estados y gobiernos locales para que ayuden a buscar terroristas.
Un monto de casi 385,000 millones de pesos mexicanos, al que habrá que sumarse los montos de dinero de otras cuatro dependencias del gobierno estadunidense que también están colaborando en este trabajo que el Washington Post cuantificó bajo la modalidad de 4 mil 058 organizaciones federales, estatales y locales abocadas al antiterrorismo en todo el país, de las que 935 fueron creadas inmediatamente después del 11 de septiembre de 2001.
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Agentes mal entrenados
A final de cuentas, una de las muchas conclusiones a las que llegaron los autores del artículo después de realizar 100 entrevistas y unos mil documentos, fue que las autoridades sobre las que descansa todo el proyecto, o no están bien entrenadas, o no tienen la objetividad suficiente para proteger a los estadunidenses de un ataque terrorista.
“Tratando de aprender más sobre el Islam y el terrorismo, algunas dependencias policiacas han contratado a entrenadores que se autodescriben como expertos y cuyos puntos de vista extremistas sobre el Islam y el terrorismo son considerados como imprecisos y contraproducentes para las agencias de inteligencia del FBI”, dice.
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Afecta a inmigrantes
Michael German, un ex agente del FBI que ahora dirige una campaña de American Civil Liberties Union para enfrentar los abusos en los que ya están incurriendo los agentes de la ley al no estar siendo sometidos a ningún tipo de supervisión y a quienes se les dan reglas e instrucciones muy laxas, platicó con Excélsior vía telefónica desde Nueva York.
Pues al reiterar que esta situación, como dijo al Washington Post, “abre la puerta a todo tipo de abusos”, German dijo que los prejuicios antiinmigrantes son específicamente permitidos para las autoridades policiacas, fronterizas y de seguridad nacional.
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http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=698326
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