Trova y algo más...

jueves, 23 de diciembre de 2010

Quién pudiera comprarte...

Como si algo nos faltara, ahora el cártel de Sinaloa se ofrece espontáneo y gratuito en narcomantas a perseguir y castigar a los asesinos de la señora Marisela Escobedo, muerta de un tiro en la nuca cuando desplegaba una manta de protesta, frente al palacio de la autoridad de Chihuahua, por la ineficacia en la persecución del asesino de su joven hija Rubí Marisol Frayre Escobedo.

Hemos sido testigos de las malformaciones que los procesos de administración de la justicia suelen tomar en México. La más elemental de ellas debe tener raigambre por igual prehispánica que de la Conquista, la mordida. Pero la corrupción, que en esencia no es más que podredumbre, tiene otras manifestaciones.

Algo debe andar muy mal en la administración de justicia de nuestro país para que los adalides de su justa búsqueda sean un próspero empresario del ambiente de los deportes y una señora que emprendió la personal persecución de los secuestradores y asesinos de su hijo. El señor Martí y la señora Miranda de Wallace evocan en el subconsciente colectivo a don Alejo, atrincherado en su rancho tamaulipeco que yo vi para defenderlo hasta la última bala. Todo eso lo entendemos al grado de la veneración, aunque no estemos de acuerdo con la esencia.

La tarea de los ciudadanos no es defender a balazos hacienda y familia hasta la muerte, ni andar cazando secuestradores y asesinos para llevárselos al Ministerio Público, corriendo el peligro —como en el caso de la señora Escobedo en Chihuahua— de que jueces venales o imbéciles los dejen en libertad.

La tarea del Estado, y para eso esencialmente cobra, es garantizarnos la convivencia, esto es la paz, el orden y la seguridad; y luego darnos los servicios para que esa convivencia transcurra en comodidad.

Pues resulta que no.

Ahora hay francotiradores de la justicia. El cártel de El Chapo Guzmán, todos integrantes del crimen organizado, ofrecen sus servicios de perseguir, procesar, condenar y castigar a las últimas consecuencias a los que violen la ley.

¿Cuál ley?

La que se vende, claro.

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Félix Cortez Camarillo

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