Horas después de que la Comisión Permanente del Congreso hiciera un pedimento formal a la Suprema Corte de Justicia para que abra una investigación sobre el multihomicidio de la guardería ABC de Hermosillo, el procurador Medina Mora anunció que la PGR ejerció acción penal contra nueve personas más.
No quiso revelar sus nombres, pero trascendió que posiblemente algunos son empleados de gobierno (¿algún bombero?) y otros son particulares. Entre éstos podría figurar el enigmático señor Cooler, el ventilador que, según cierta hipótesis manejada torpemente, hizo corto circuito y provocó el fuego que causaría una muerte espantosa a 48 bebés (a la gente del norte le causó estupefacción la versión: un cooler puede estar en servicio por años, la paja se seca, la lámina se pone cacariza, pero jamás se cortocircuita).
La solicitud del Congreso se hizo con base en el artículo 97 constitucional: “La Corte… podrá nombrar a alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito o uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente, o lo pidiera el Ejecutivo Federal, alguna de las cámaras del Congreso de la Unión… únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de una garantía individual”.
El personaje que vaya a ser designado para llevar a cabo la investigación se sacó la lotería. Le lloverán cariñitos.
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Desde Panamá, Felipe Calderón había hecho antes una declaración, un compromiso, que al paso del tiempo irá cobrando mayor importancia, lo cumpla o –como es probable– lo olvide.
Dijo en una conferencia de prensa que los culpables deben ser llevados a la justicia, “caiga quien caiga y tope donde tope, sin distingos de ningún tipo, ni de relaciones políticas, parentesco o filiaciones partidistas”.
Tocó el licenciado FChamoy las claves del blindaje de impunidad que ha protegido a los presuntos culpables:
A) El parentesco. Una de las concesionarias de la guardería es pariente de la señora Margarita Zavala Gómez del Campo, su esposa (y alguna de las dueñas también es pariente de la señora del gobernador Bours).
B) Las relaciones políticas. Uno de los dueños era en el momento de la tragedia el tesorero del Comité Ejecutivo Estatal del PRI y primo del candidato a gobernador del estado.
C) las filiaciones partidistas. Los altos funcionarios que al parecer están protegiendo el multihomicidio son panistas, como el procurador general de la República, o priístas, como el procurador de Justicia del estado de Sonora.
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Un par de semanas antes de la tragedia el presidente Calderón, su esposa y sus hijos habían estado en Hermosillo, pero por un motivo distinto… habían asistido a la fiesta de cumpleaños de la mamá de la señora Calderón, la abuelita del clan.
Es poco común, se los digo como gente de provincia, que la familia presidencial asista a un festejo en alguna ciudad fuera de la capital, pero el acontecimiento lo ameritaba. La prensa local publicó sus fotos con profusión.
Unos días después sucedió el incendio.
La señora Calderón dijo que la señora Marcia Gómez del Campo, una de las dueñas de la guardería, era pariente lejana a quien nunca había visto. El gobernador Bours la contradijo, se frecuentaban, afirmó, pero nunca hizo alusión al parentesco con la primera dama del estado.
Pariente lejana o cercana, el hecho de portar el apellido Gómez del Campo ha sido suficiente escudo.
En los días que siguen la opinión publica nacional se dará cuenta de si el compromiso de Calderón en Panamá solo quedará en palabras. Si fuera esto último, ¡al dolor de las madres, los padres y de las familias (y de la ciudadanía en general) se habrá añadido la burla!
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Enrique Galván Ochoa (La Jornada jueves 2 de julio de 2009)