Trova y algo más...

miércoles, 13 de octubre de 2010

Por una cuerda de vida...

En Chile, el gobierno federal y los empresarios se unieron para un rescate mineros, y en México, se unieron para impedirlo, señaló el obispo de Saltillo, Raúl Vera.

En entrevista radiofónica con Carmen Aristegui, afirmó que en la mina Pasta de Conchos no se quieren recuperar los cuerpos, ya que si se encuentran juntos cerca del tiro de la mina, se confirmaría que estaban vivos y que esperaban a ser rescatados.

Descalificó los argumentos sobre que la mina tenía muchas bacterias, lo que impedía el rescate de los cadáveres, y afirmó que una empresa realizó un video con rayos infrarrojos donde se demuestra que la estructura donde trabajaban está completa.

También aseguró que los dichos sobre que la explosión fue tan grande que destruyó los restos no tiene fundamento.

Por otra parte, comentó que la PGR archivó sin razón la averiguación previa sobre el caso, y aunque activistas lograron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera una recomendación, el documento sigue cerrado.

Existe una factura donde se comprueba que las vigas fueron movidas para ahorrar, lo que ponía en riesgo la vida de los mineros, afirmó.

Finalmente, hizo una comparativa entre las dos cosas: en el caso de Chile, los mineros atrapados se encontraban a 700 metros, mientras que en Pasta de Conchos se encontraban sólo a 150.

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Febrero negro

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El 19 de febrero de 2006 una explosión en la mina Pasta de Conchos sepultó a 65 trabajadores a 150 metros.

Once carboneros lograron sobrevivir con algunas quemaduras.

Familiares acusaron a la empresa Minera México de no cumplir con las normas de higiene y seguridad para los mineros. Aunque el gobierno federal dijo que se iban a recuperar los cadáveres, los trabajos se suspendieron ya que se argumentó que la mina estaba llena de gases que podrían originar una explosión.

El hecho tuvo repercusión mundial, y hasta el momento, una parte de los familiares ha aceptado la liquidación ofrecida por la muerte de sus deudos, mientras que existe un movimiento que a más de cuatro años de los hechos exige que los cuerpos sean sacados de la mina, y que se deslinden responsabilidades.

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