Puede ser ingenuidad, ignorancia u obsecuencia intelectual y económica la reacción acrítica, en su mayoría, a la narrativa oficial respecto de los “hechos” en torno a la detención de Jorge Hank.
Y como el personaje es de fama pública, mala por cierto, y cosa juzgada en los medios, se admiten los “hechos” descritos por la autoridad como premisas veraces y jurídicas inatacables.
Pero el problema no es si Hank es inocente o culpable, el tema es el de la legalidad, el estado de derecho predicado mas no practicado por el presidente de la República y el nuevo rol, por extraño, del Ejército.
Imagínese a sí mismo el lector un sábado en la tarde, sin nada que hacer y de pronto observa a tres individuos portando armas largas en las cercanías de un hotel.
Se dirige a su teléfono y marca los números de denuncia anónima de la Segunda Región Militar con sede en Tijuana, Baja California.
Al ser recibida su llamada se identifica como ciudadano que desea presentar una denuncia anónima.
Quien contesta la llamada toma nota sumisamente y reporta a sus mandos superiores.
Acude un destacamento militar al lugar donde se encuentran los tres hombres armados, quienes por amabilidad o por miedo les indican a los soldados dónde hay más armas.
El Ejército se precipita al lugar, alcanza a ver que hombres también armados se introducen a una casa, por lo que en flagrancia el Ejército se mete al inmueble y encuentran las armas.
Ésa es la narrativa implícita de la versión gubernamental.
Tiene problemas de verosimilitud y entraña consecuencias políticas graves.
Por hábito, pereza mental y confusión mediática, los medios y la población se han acostumbrado a que el Ejército actúe porque “se encontró con los malos”.
¿Desde cuándo el Ejército puede iniciar un operativo con base en una denuncia ciudadana anónima?
Carece totalmente de facultades legales en función de seguridad pública. (Si fuera de otra forma, no estarían los militares pataleando por sacar adelante una Ley de Seguridad Nacional, que legaliza cuatro años seis meses de acciones no sólo ilegales, sino criminales).
Ahora resulta que usted o yo podemos poner en marcha un convoy militar porque usted o yo dijimos que por ahí hay tres hombres armados.
Quien inventó este texto de la Secretaría de la Defensa nos consideró tanto o más tarados que él mismo.
De inicio, desde un punto de vista procesal, esta historia no se sostiene.
Es lo de menos, porque como mencionábamos el personaje de marras de esta historia, en la opinión pública, ya es cosa juzgada.
Flagrancia.
¿Cómo puede haber flagrancia si los tres sujetos detenidos en principio los condujeron a otro inmueble que a la vez, subsecuentemente, fue allanado por el Ejército?
La flagrancia por definición implica un solo acto, no tres momentos diferentes y, como algunos medios documentan, con horas de diferencias entre unos y otros.
Bastaría la faceta procesal para dejar en ridículo al Ejército, no sólo por delincuencial, sino por falta de imaginación, y a la PGR que le sigue el juego por razones institucionales e interpersonales.
El problema es político.
Nadie puede poner en movimiento al Ejército en una acción de seguridad pública más que el presidente de la República.
No es la policía, que tiene definido legalmente su marco de acción.
Se trata de situaciones excepcionales bajo la única y exclusiva responsabilidad del que pomposamente se llama Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
En teoría —en cuanto a la aplicación de la ley la teoría cuenta—, todas y cada una de las operaciones militares en función de seguridad pública tendrían que ser ordenadas y aprobadas por el presidente de la República.
Pero el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, afirmó que Calderón no supo hasta después.
O sea, el Presidente está en la baba.
Ante tantas contradicciones y medias verdades, uno tiene derecho a usar el verbo creer, y en ese sentido creo que Poiré es un mentiroso y que el Presidente supo todo el tiempo.
Esto es lo grave.
No supieron, no pudieron y no quisieron armar un operativo estrictamente policiaco porque se proponían intimidar y ejemplarizar.
Para eso se sirvieron y usaron al Ejército.
Todavía más peligroso, un punto de inflexión, es que al más alto nivel el Ejército se haya dejado usar con fines intimidatorios, partidarios, electorales de una narrativa rumbo al 2012 que apenas comenzó el sábado pasado.
Ojalá el Ejército esté consciente de lo que hizo y asuma las consecuencias.
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Nuevo y triste rol del Ejército. Juan Gabriel Valencia.
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