HERMOSILLO, Sonora, México.- La Secretaría de la Contraloría General del gobierno de Sonora encontró responsabilidad administrativa en dos ex funcionarios estatales y uno en funciones por el incendio en la guardería ABC, que dejó 49 menores muertos, en junio de 2009.
Los ex funcionarios del gobierno estatal declarados culpables son el ex titular de la Secretaría de Hacienda, Gilberto Inda Durán, por no colocar una unidad interna de protección civil en la bodega que inició el incendio y luego afectó la estancia infantil.
Asimismo, se declaró culpable dentro del proceso administrativo que desarrolló la dependencia estatal, al ex director de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), Willebaldo Alatriste Candiani, por omisiones en la inspección de la bodega contigua a la guardería.
Además, se determinó que tuvo responsabilidad en el siniestro ocurrido el 5 de junio de 2009, el jefe del departamento de control de vehículos de la Secretaría de Hacienda estatal, José Luis Melchor Islas, por ser el responsable de la bodega.
Melchor Islas fue cesado del cargo que ocupaba hasta la actualidad y fue inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos, al igual que Inda Durán y Alatriste Candiani.
El director de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría General, José Ángel Calderón Piñeiro, expuso en conferencia de prensa que los ex funcionarios pueden impugnar la resolución ante la misma dependencia en un plazo de cinco días.
Asimismo, indicó también se les siguió proceso administrativo y no se les fincó ninguna responsabilidad al ex subdirector de la Unidad Estatal de Protección Civil, Carlos Jesús Arias, y al ex director de Bienes y Concesiones, Eliseo Morales Rodríguez.
Además, fueron exonerados de cualquier responsabilidad por el incendio de la guardería ABC, el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda estatal, Eugenio Lohr Martínez, y Francisco Javier Escareño, funcionario de la misma dependencia, abundó.
Señaló que el proceso por responsabilidad administrativa en el siniestro de la estancia infantil continúa y están pendientes de resolver los casos del ex secretario de Hacienda estatal, Ernesto Vargas Gaytán, y el ex director de recaudación, Francisco Salazar.
Calderón Piñeiro aclaró que este proceso administrativo por la presunta implicación en el incendio de la guardería ABC, ocurrido hace dos años, no incide en proceso penal alguno que se siga por estos mismos hechos.
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O sea, que el castigo será que durante 10 años no volverán a trabajar en el servicio público, pero eso no quiere decir que no puedan ser proveedores de oficinas de los tres niveles de gobierno, que es, según dicen los amigos de los amigos, lo que verdaderamente deja lana…
Y la pregunta sigue en el aire: ¿y Bours y los dueños de la guardería qué…?
Ya sabemos que Bours duerme como bebé gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que la Contraloría no puede fincar cargos contra particulares, pero hay instancias del poder judicial que podrían hacerlo, pero como no se mandan solas, pues estos individuos seguirán en libertad…
Bien decía el Piporro: “With Money dance the dog…”
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