Y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó a México por violar diversas garantías establecidas en convenciones internacionales en perjuicio de dos indígenas mexicanas, víctimas de abuso sexual por militares en el estado sureño de Guerrero en el 2002.
En nombre del Estado mexicano, la Secretaría de Gobernación informó el lunes en un comunicado que hará todas las acciones necesarias para ejecutar la sentencia de la Corte.
"El gobierno de México reitera su pleno compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, en particular con el combate a la violencia contra las mujeres y niñas, así como su plena colaboración con el sistema interamericano de derechos humanos", aseguró.
El tribunal interamericano sentenció a México a reconocer en un acto público su responsabilidad internacional por las violaciones a las garantías de las indígenas indígenas Me'phaa (tlalpanecas) Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega y volver a investigar los abusos sexuales en su contra, aunque desde el ámbito civil y no militar como ocurrió.
México también deberá resarcir económicamente a Rosendo y a Fernández, además de publicar un resumen de la sentencia tanto en español como en la lengua de las indígenas: Me'phaa.
Con estos dos fallos, la CorteIDH ha condenado en cuatro ocasiones al Estado mexicano por violaciones a derechos humanos de algunos casos emblemáticos, como los asesinatos de mujeres en la localidad fronteriza norteña de Ciudad Juárez y la desaparición forzada durante la llamada "guerra sucia" de la década de 1970.
Organizaciones de derechos humanos que representaron a las indígenas elogiaron los fallos y una de las víctimas, Rosendo, llamó al gobierno a reconocer que se equivocaron al acusarlas de mentir por señalar a militares como los responsables de abusar sexualmente de ellas.
"Si tiene un poquito de dignidad el gobierno, pues que acepte que se equivocó y así poder seguir con mi vida... los militares que también me hicieron daño que se vayan a la cárcel y que no suban más militares a mi comunidad", dijo en rueda de prensa Rosendo, quien refirió que desde el abuso en su contra no ha podido volver a su pueblo la municipalidad de Ayutla, en Guerrero.
Rosendo dijo que la CorteIDH consiguió una justicia que no pudo tener en su país. "En mi propio país no me quisieron escuchar", señaló en unas declaraciones que a veces el llanto interrumpían.
En febrero de 2002, con 17 años, Rosendo lavaba ropa en un río de su comunidad cuando se acercaron ocho soldados y la interrogaron sobre el paradero de un "encapuchado". Como respondió que no conocía a ninguno, fue golpeada y violada por dos militares.
Un mes después, en otra comunidad de la misma municipalidad de Guerrero, Inés Fernández preparaba agua en su casa cuando llegaron al menos 11 soldados y le preguntaron por su marido. La interrogaron sobre el origen de trozos de carne que había en el patio, pero se mantuvo en silencio por no saber español lo que enfureció a los militares que la violaron.
En ningún caso se ha castigado a los responsables.