El asesinato de José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo mayor del ex gobernador de Coahuila y también ex presidente nacional del PRI, Humberto Moreira Valdés, es reprobable y doloroso como cualquiera de los miles que han ocurrido en este sexenio que fenece.
El crimen del joven Moreira Rodríguez, ocurrido la noche del 3 de octubre pasado, provocó ayer una movilización de las fuerzas de seguridad a nivel estatal y nacional: elementos de la Procuraduría General de Justicia y de las Secretarías de la Defensa Nacional y la Marina, fueron enviados a la entidad coahuilense para coadyuvar al esclarecimiento del asesinato.
Desde el presidente electo, Enrique Peña Nieto, hasta el presidente saliente, Felipe Calderón Hinojosa, decenas de líderes políticos de todos los colores se lamentaron por la ejecución del también sobrino del actual gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés. También pidieron que se investigue puntualmente y que se aplique la justicia contra los responsables.
La petición es, por supuesto, válida. Sin embargo, lo que no deja a los ciudadanos contentos es la diferencia con la que se trata un crimen como éste contra los que suceden diariamente en este México teñido de sangre.
Un ejemplo, entre los muchos, incontables aún, que por desgracia hereda el sexenio de Calderón Hinojosa: el caso de Villas de Salvárcar.
El 30 de enero de 2010, un grupo de estudiantes se reunieron en una vivienda del fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, para celebrar una fiesta. En eso estaban cuando fueron sorprendidos por un comando armado de al menos 20 sicarios que descendió de siete vehículos, ingresaron al sitio y dispararon. La masacre terminó con un saldo de 16 personas muertas y 14 heridas. Eran jóvenes y niños de entre 15 y 20 años de edad.
Felipe Calderón, junto a su familia, exigiendo seguridad
al entonces presidente Zedillo. 1977.
Como siempre, apresurado por defender su guerra, el presidente Calderón Hinojosa, quien por esos días se encontraba de gira en Tokio, Japón, afirmó que el ataque había sido un “ajuste de cuentas entre pandillas”. Esas declaraciones no hicieron sino exacerbar la indignación social.
Las declaraciones del Jefe del Ejecutivo minimizando la matanza y llamando a los jóvenes “pandilleros” generó reclamos de familiares, organizaciones civiles, empresariales y profesionales que pidieron, por todos los medios, no manchar la memoria de los adolescentes masacrados.
El 11 de febrero de ese mismo año, Calderón visitó Ciudad Juárez para encabezar el acto “Todos Somos Juárez”. Ahí, como pudo, abriéndose paso entre la seguridad del Estado Mayor, la señora Luz María Dávila, madre de dos de los jóvenes ejecutados, encaró al Presidente con unas palabras que no se olvidarán y que, además, evidencian la desigual aplicación de la justicia que hay en México:
“Discúlpeme señor Presidente. Yo no le puedo decir bienvenido, porque para mí no lo es, nadie lo es. Porque aquí hay asesinatos hace dos años y nadie ni nada han querido hacer justicia. Juárez está de luto. Les dijeron pandilleros a mis hijos. Es mentira. Uno estaba en la prepa y el otro en la universidad, y no tenían tiempo para andar en la calle. Ellos estudiaban y trabajaban. Y lo que quiero es justicia. Le apuesto que si hubiera sido uno de sus hijos, usted se habría metido hasta debajo de las piedras y hubiera buscado al asesino, pero como no tengo los recursos, no lo puedo buscar”.
El reclamo de la señora Dávila es el mismo de miles y miles de familias que han sido afectadas por la violencia en México: ¿por qué las autoridades no actúan para esclarecer el asesinato de mi hijo, la violación de mi hija, la desaparición de mi padre, el secuestro de mi hermano? ¿Porque no se tiene el dinero para coaccionar a las policías, porque no se es famoso ni se tienen influencias políticas?
El asesinato de cualquier mexicano es una tragedia, involucra un drama familiar que marca para siempre. Pero el reclamo es que no todas esas muertes movilizan a las fuerzas más poderosas del Estado mexicano. En este sexenio son miles los ciudadanos de a pie, de probada inocencia, a los que se les ha dado tratamiento de “daño colateral”, de ciudadanos de segunda o de tercera. Por ello, los crímenes cometidos en su contra han quedado simplemente en el olvido.
Ahí está la demanda central de los mexicanos. Ahí está el reto que debe tomar ahora Enrique Peña Nieto, ya que Calderón Hinojosa, quien inició unilateralmente esta guerra, no pudo y no quiso asumir las consecuencias.
Para que este México indignado comience su reconstrucción social y el cierre de las heridas primero hay que reconocer los errores cometidos en este sexenio, enmendarlos y hacer que la justicia y la fuerza del Estado proteja a todos los ciudadanos por igual.
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