Manlio Fabio Beltrones Rivera
Mientras que las Leyes Orgánicas de 1938, 1953 y 1973 fueron conocidas en su génesis por los universitarios, que propusieron y opinaron -se les hayan tomado en cuenta sus opiniones y propuestas o hayan sido objeto de la indiferencia oficial-, la de 1991 fue redactada Dios sabe por quiénes, dónde, sobre qué modelo.
El gobernador Manlio Fabio Beltrones Rivera tomó posesión de su cargo el 22 de octubre de aquel año, y en su discurso anunció que había que poner orden en la Universidad sacudida por paros y huelgas en los últimos quince años. Sólo 34 días después, el 25 de noviembre, la Ley Número 4 era aprobada por el Congreso del Estado. El titular del Poder Ejecutivo la promulgó el 26 y el mismo día fue publicada en el Boletín Oficial Núm. 4, Tomo CXLVIII, en edición especial.
No hubo foros de consulta previos, ni desplegados periodísticos con propuestas, ni anteproyectos sometidos a la consideración de los ciudadanos. De repente, la Ley 103 de 1973 había quedado abrogada y el mismo día de la promulgación y la publicación, una nueva Ley estaba vigente.
Ninguna de las anteriores había modificado tan radicalmente a sus antecesoras. De entrada, el Consejo Universitario y la Comisión de Asuntos Hacendarios, pilares hasta entonces de la vida universitaria, quedaron eliminados. No fueron sustituidos por otros órganos específicos sino que sus funciones se distribuyeron entre los varios recién formados. Esta Ley cuenta con 75 artículos y nada menos que 14 Transitorios. La redacción es pobre, y en varios pasajes, a fuerza de buscar la claridad, peca de simplismo.
Marco político y social
La aprobación y publicación de esta Ley fue una especie de blitzkrieg, una acción rápida, sorpresiva y eficaz. En su discurso de toma de posesión, el 22 de octubre de 1991, el gobernador Manlio Fabio Beltrones anunció que enviaría la iniciativa de Ley al Congreso del Estado para poner orden en la Casa de Estudios, y lo hizo con tanta prontitud, que para el 26 del mes siguiente ya la Ley Orgánica de 1973 había pasado a la historia y estaba vigente su sucesora.
Se preparó a la opinión pública de diversas maneras, la más sensacionalista: el corte de energía eléctrica a todo el campus dizque por falta de pago a la Comisión Federal de Electricidad. La enorme mancha negra en el corazón de la ciudad impactó a todos los habitantes, aunque muchos entendieran que era una maniobra política: habría bastado una promesa verbal de pago del Rector o del Gobernador para que la Comisión se abstuviera de proceder y esperara.
Las relaciones del rector Marco Antonio Valencia con el Consejo Universitario, la Comisión de Asuntos Hacendarios y los grupos de izquierda se habían debilitado de manera notable mientras que, por otro lado, eran excelentes con el nuevo mandatario. Seguramente la iniciativa de Ley fue elaborada antes que el Gobernador tomara posesión. No se convocó a consulta a la comunidad universitaria. Se le dio el producto terminado. El Congreso, dominado por el PRI y con buen número de diputados universitarios, no perdió tiempo en modificar la iniciativa. Se aprobó tal como llegó.
Fue lamentable que, a pesar de tener el triunfo en las manos, se atentara contra algunos proyectos exitosos con tal de cerrar las puertas a todo tipo de inconformidad. Así, se clausuró el periódico quincenal Unísono, que daba cabida a todas las voces, inclusive a las que combatían las decisiones de las autoridades universitarias, a pesar de que se pagaba con el presupuesto de la Casa de Estudios; también se borraron los murales que los estudiantes habían pintado en la barda exterior, sobre la calle Rosales; casi todos contenían mensajes democráticos; fueron sustituidos con temas decorativos.
Marco Antonio Valencia Arvizu
La guerra por la nueva Ley
Durante los 18 años de vigencia de la Ley 103, con frecuencia se escuchó en el seno de la comunidad universitaria, así como en el Congreso del Estado, la propuesta de modificarla, o inclusive de sustituirla con otra.
En mayo de 1983 algunos estudiantes y maestros dijeron que habían entregado un proyecto de reformas al Congreso, entre las que se consideraba la prohibición al rector de reelegirse. En junio de ese año, el pleno de la Legislatura aprobó el propósito de modificar la Ley y de pedir propuestas al Consejo Universitario, si bien no llevó tal propósito a la práctica.
El 4 de mayo de 1987 el diputado Patricio Estévez dijo que tenía lista una iniciativa de reformas, y en septiembre del año siguiente algunos diputados panistas manifestaron que trabajarían también en un proyecto.
Los rectores siempre se opusieron a que el Poder Legislativo iniciara reformas porque éstas deberían partir, a su juicio, de la comunidad universitaria. Con motivo del aniversario de la Universidad, en octubre de 1989, el rector Valencia, que sólo llevaba cuatro meses en el cargo, pidió a la comunidad universitaria analizar, bajo la dirección del Consejo y de los órganos de gobierno, el marco normativo, con miras a definir una nueva Ley Orgánica. Quizá porque tantas veces se había expresado este objetivo no recordaron ese pedido los observadores de la política universitaria cuando, dos años después, Valencia contribuyó a legitimar la nueva Ley 4.
No habría podido el Rector lograr por sí solo que se aprobara una nueva ley y se pusiera en vigor, dada su débil posición en la Universidad. Necesitó que un político hábil y astuto, con facultades legales, entendiera e hiciera suyo el proyecto, y ese fue el licenciado Manlio Fabio Beltrones. ¿Cuándo se puso en contacto el Rector con él?
El economista Miguel Ángel Vázquez Ruiz comenta que comenzó a notar que se le excluía de ciertas reuniones a partir de septiembre de 1991, a pesar de que era el director de Planeación del Desarrollo, y que uno de los más allegados a Valencia, Fabián Galindo, había "calado" su opinión sobre algunas reformas; tal opinión debió haber sido contraria a lo que se esperaba de él, pues no fue requerido ya para juntas en las que participaba también el doctor Rubén Flores Espinoza.
El Rector integró un pequeño grupo de colaboradores de confianza inmunizados contra la indiscreción, a juzgar por el desconocimiento de los medios sobre su trabajo. El ex Rector narra:
Estudiamos muchas leyes universitarias, tanto nacionales como extranjeras, pero el modelo al que se acerca la Ley 4 es el de la Universidad Autónoma Metropolitana. Nuestra Ley es muy amplia, con más artículos que ninguna otra de las anteriores, es casi casuística, porque intentamos prever la mayor parte de las situaciones y no dejarlas al Estatuto o los reglamentos.
Beltrones iba para un año como Subsecretario de Gobernación, puesto que le daba acceso a información privilegiada y le permitía actuar e influir en asuntos de Sonora, cuando Marco Antonio Valencia asumió la rectoría. Era lógico, inclusive obligado, que éste estableciera relación con el funcionario, de quien dependían legalmente algunos asuntos importantes para la Universidad, entre ellos, los sorteos. Éste fue el motivo de la primera entrevista cuya fecha exacta no recuerda el ex Rector. Hubo otra en diciembre de 1990 durante la cual Beltrones se mostró interesado en los problemas de la Universidad. Valencia le informó al respecto consciente entonces, como lo estaban todos los sonorenses, de que el subsecretario era, junto con Luis Donaldo Colosio, candidato probable para suceder a Rodolfo Félix Valdés en el Poder Ejecutivo.
En febrero de 1991 llegó Beltrones a Sonora como precandidato del PRI, recorrió toda la entidad y en agosto, mes en que entonces se llevaron al cabo los comicios en acatamiento de una reforma constitucional de corta vigencia, ganó la elección. El futuro gobernador dijo entonces al autor de este libro, en entrevista periodística, que le preocupaba la situación de la Universidad pero lo tranquilizaba el hecho de que se hallaba al frente el rector Valencia; lo habían elogiado en todos los lugares donde le habían pedido hacer algo para poner orden en la Casa de Estudios.
Al tomar posesión el 22 de octubre, Beltrones impactó a los ciudadanos con estas palabras, pronunciadas ante el presidente de la República Carlos Salinas de Gortari:
Hemos perdido un tiempo que no se recuperará jamás. Convoco a quienes están actualmente integrados a la comunidad universitaria, y a quienes ya egresaron pero siguen siendo universitarios, a un acto de dignidad y valor, que dejen por un lado sus intereses exclusivamente personales y sindicales, para que restablezcan el desarrollo académico y científico, que son la verdadera esencia de la Universidad.
El Rector calificó la propuesta de muy importante para el futuro de la Universidad.
La iniciativa de Ley 4 fue sometida a la consideración de la LIII Legislatura, en la que cualquier iniciativa del gobernador tenía asegurada la aprobación porque el PRI contaba con la mayoría calificada: 18 diputados, frente a 9 de la oposición, aunque de éstos, dos cuando menos (del PPS y el PFCRN) seguían la línea del PRI.
Para contar, además, con la opinión pública, se dio amplia difusión a lo que parecía ser el hundimiento de la Universidad. El 29 de octubre Banamex solicitó y obtuvo el embargo de los recursos de la Casa de Estudios por la falta de pago de un crédito. La Tesorería de la Universidad recibió apercibimiento judicial para que se abstuviera de disponer de esos recursos en el entendido de que si no acataba la orden, tendría que cubrir el doble del adeudo. El 29 era día de pago y los salarios de trabajadores y maestros se quedaron congelados.
A última hora del día 30, el Gobierno del Estado accedió a avalar ante el Banco del Atlántico un crédito por $2,400 millones para cubrir la nómina. El pago a los trabajadores se hizo el 4 de noviembre.
Pero la tarde de ese día, la Comisión Federal de Electricidad cortó la luz a la Universidad por un adeudo de $117 millones. Al caer la noche, los hermosillenses, que por miles circulan por las calles adyacentes a la Universidad, vieron con dolor que ésta no era más que un enorme manchón oscuro en el centro de la ciudad. Varios maestros dijeron que habría daños irreparables a los experimentos en proceso en los laboratorios. Había el temor de que Teléfonos de México cortara también el servicio pues se le debían $40 millones, y de que la flotilla de camiones quedara paralizada por la falta de gas.
Una vez más, el gobernador Beltrones apareció como el ángel salvador pues desde México, donde se encontraba, dio instrucciones para que se dispusiera de $150 millones para el pago de la luz y otros gastos inaplazables.
El día 5, el equipo de 19 auditores enviados por la Secretaría de la Contraloría hizo la primera visita a la Comisión de Asuntos Hacendarios, como se relata páginas atrás, y comenzó a aflorar el desaseado manejo del dinero. Leonardo Félix Escalante dijo que el Rector no debería estar en su cargo ni un día más, por no haber discutido la situación ante el Consejo Universitario. En el seno de este organismo se comenzó a elaborar un documento para destituir a Valencia.
El nuevo líder del STAUS Alfonso Octavio Cruz Ruiz declaró que ellos no pedían la destitución del Rector ni planeaban ponerse en huelga, pero llevarían un distintivo negro y rojo en las ropas como protesta por la violación de la autonomía. Por su parte, el Rector acusó a varios consejeros de generar zozobra al divulgar información mal orientada y sostuvo que sus actos carecían de validez pues el Consejo Universitario era espurio.
El día 12, el Congreso dio a conocer el texto de la iniciativa de Ley a una opinión pública ansiosa de sacar a la Universidad del atolladero; la aprobó el 25 y el 26 apareció publicada en el Boletín Oficial. El gobernador Beltrones declaró que ahora la Universidad estaba en el camino de la excelencia.
Operación Blitzkrieg
Para acreditar la Ley 4 se llevó al cabo una operación al estilo blitzkrieg. De pronto la iniciativa estaba allí, con el Rector, un grupo de selectos colaboradores y de consejeros a favor, y los dos sindicatos y gran número de estudiantes en contra. Pero el avance no se detuvo un momento, ni siquiera hubo titubeos.
El 15 de noviembre, el Congreso del Estado publicó en todos los periódicos una plana con la explicación clara de la nueva estructura, los objetivos de la Ley, los nuevos órganos de gobierno y sus funciones. Las opiniones favorables brotaron en abundancia de instituciones públicas y privadas y de particulares. En los periódicos del día 19 se publicaron en dos páginas pero sintetizadas porque no había cupo para insertarlas completas. En el foro de consulta abierto por el Congreso había un desfile de ponentes, uno de ellos, el propio Rector.
Comenzó a circular un cuadernillo de 30 páginas titulado ¿En qué consiste la nueva Ley Orgánica de la Universidad de Sonora?, en lenguaje tan sencillo y claro, que rápidamente le cambiaron el nombre: La Ley 4 para principiantes.
El 22, los consejeros disidentes acordaron suspender al Rector en sus funciones por un año y encargarse ellos de todos los asuntos; además, nombraron una comisión para entrevistar al gobernador. El matemático Valencia declaró que el acuerdo era improcedente porque no se había seguido el procedimiento legal, aparte de la falta de representatividad de los consejeros. Dos días después, el asesor jurídico Ignacio Campa García explicó en un espacio periodístico por qué estaban fuera de la Ley los acuerdos del grupo.
El 25, la Ley 4 fue aprobada pese a los gritos de estudiantes y maestros que rodearon el edificio del Legislativo. Muchos de ellos fueron a la Universidad y exigieron a las secretarias que les abrieran las puertas de la Sala de Consejos y de la Secretaría General, y ante la negativa, trajeron un cerrajero que les ayudó a entrar. El Rector ordenó la presentación de una denuncia pues desaparecieron documentos importantes.
Los acontecimientos en esos días se sobreponían unos a otros por lo que casi es irrelevante precisar fechas. Los miembros del CEUS tomaron las oficinas de la Rectoría impidiendo el paso de funcionarios y empleados, lo que fue un error pues entorpecieron el pago de sueldos y aguinaldos en perjuicio de los trabajadores.
Los consejeros disidentes demandaron el amparo de la justicia federal contra la aprobación y publicación de la nueva Ley, pero antes de un mes, el Juez 10 de Distrito les negó la suspensión por considerar que los hechos impugnados se habían consumado, y además, por estar de por medio un interés social: la enseñanza universitaria.
El Congreso, implacable en su avance, el 29 de septiembre nombró la primera Junta Universitaria y en los días iniciales de diciembre expidió un decreto para que fuera 1992 el Año de la Universidad de Sonora.
Los dirigentes de los dos sindicatos recibieron a compañeros de otras universidades y resolvieron realizar una movilización nacional. Lo mismo acordó el CEUS, que también inició una huelga de hambre de corta duración.
El Rector extendía nuevos nombramientos en el marco de la nueva Ley vigente: Secretario Académico, Rubén Flores Espinoza; vicerrectores, Fernando Cota Madero, de la Unidad Centro (Hermosillo), Fabián Galindo Duarte de la Unidad Sur y Eduardo Pedro Canseco Vilchis, de la Unidad Norte; director de Desarrollo Académico (que absorbió las funciones del Departamento de Formación de Recursos Humanos), Efrén Pérez Segura; Pedro Ortega Romero, jefe del Departamento de Investigación y Posgrado; José Sapién Durán, coordinador del Departamento de Letras y Lingüística; Jorge Luis Taddei, de Ingeniería Industrial.
El Consejo Universitario, eliminado
Así como la Ley Orgánica de 1953 eliminó al Comité Administrativo de la Universidad y lo sustituyó con el Patronato, y la de 1973 suprimió el Patronato, dio primacía al Consejo Universitario y creó la Comisión de Asuntos Hacendarios, la Ley de 1991 hizo desaparecer estos dos órganos de gobierno y colocó en la cúspide de la nueva estructura a la Junta Universitaria.
Esta Junta, integrada por catorce miembros, fue elegida por esa primera y única vez por el Congreso del Estado; en lo sucesivo propondría la misma Junta al Colegio Académico ternas para ir cubriendo las vacantes futuras. Se le adjudicaron, entre otras facultades, la de nombrar al Rector, en su caso removerlo y resolver los conflictos que se presentaren entre los diferentes órganos de gobierno. Además, aprobaría en definitiva el presupuesto de ingresos y egresos acordado por el Colegio Académico.
La primera Junta de Gobierno quedó formada por Roberto Armendáriz Rodríguez, doctor Marcelino Barbaza Flores, doctor Moisés Canale Rodríguez, doctor Porfirio Estrada Arras, doctora Zarina Estrada Fernández, licenciado Gilberto Gutiérrez Quiroz, doctor Antonio Jáuregui Díaz, ingeniero Víctor Manuel Martínez Montaña, doctor Manuel Ortega, doctor Salvador Ortiz Pérez, licenciado Agustín Pérez Carrillo, ingeniero Manuel Puebla Peralta, licenciado José Carreña Carlón y doctor Federico Sotelo Ortiz.
Del desierto al Zócalo a su paso por Navojoa.
(Foto: Francisco Javier Ruiz Valenzuela)
La marcha de disidentes a México
Al comenzar el año, el Rector consideró que el terreno estaba listo para poner en marcha su proyecto y anunció que procedería a la realización de los siguientes objetivos: Reforzamiento de los programas para formar profesores e investigadores, Análisis profundo de la oferta educativa, Abatimiento de la reprobación y elevación de la educación terminal, Impulso a los sistemas modernos de comunicación e información, Modernización de laboratorios y bibliotecas, Vinculación con los sectores productivos, Impulso a investigación y posgrado.
Corrió esos días el rumor de que los nuevos funcionarios se habían aumentado el sueldo hasta en 80% pero el Rector aclaró que con motivo del nombramiento de vicerrectores había sido necesario retabular los sueldos.
Las buenas noticias no impresionaban a la opinión pública pues la Rectoría continuaba tomada, al frente del edificio principal colgaban mantas con diversas leyendas y en el balcón ondeaba una Bandera Nacional. El 22 de enero el secretario Flores Espinoza dijo que se haría al CEUS un exhorto "jurídico" para que desalojara las oficinas, y que si no lo acataba, se promoverían las sanciones previstas en la Ley, que iban de la amonestación a la expulsión definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad penal que correspondiere.
Los estudiantes fueron notificados del exhorto el 24 y continuaron en las oficinas, aunque solicitaron amparo contra la Ley 4 y contra las posibles sanciones. El 7 de febrero, la Juez 3° de Distrito Rosa María Valenzuela Tapia resolvió que la Ley estaba firme pues su aprobación, publicación y puesta en vigor eran hechos consumados, pero otorgó la suspensión provisional a los estudiantes en cuanto a la conservación de sus derechos, en el entendido de que si incurrían en faltas, dentro o fuera del campus, que ameritaran sanción, las autoridades universitarias podrían aplicarlas (Exp. 95/92).
El Rector, cuya investidura había sido reconocida por los estudiantes al demandarlo, dijo que los recursos para desalojar a los invasores se habían agotado, y que sólo quedaba aplicar sanciones. En un desplegado les advirtió que si no salían de las oficinas quedarían suspendidos para el semestre que se iniciaba.
Como los estudiantes acudieron de nuevo a la instancia federal ante tal advertencia, el Rector impugnó ante el Tribunal Colegiado la suspensión provisional otorgada pues la suspensión era de carácter temporal y no causaría perjuicio irreparable a los quejosos, sin contar con que estaba de por medio el interés social y el orden público ligados a la educación superior. La vocera de los ceuistas, María Luisa Rivera Vázquez, dijo que la salida de las oficinas estaba condicionada a la renuncia del Rector.
Un mes más tarde, la misma juez concedió la suspensión definitiva a los estudiantes siempre y cuando se permita a las autoridades universitarias desempeñar sus labores con toda libertad, para lo cual deberán hacer entrega de las instalaciones que tienen tomadas a la fecha, tal y como se desprende de las constancias que obran en autos. Era la derrota para los estudiantes, pero eso no significaba que accederían a salir.
Sin cuidarse de amparos y protestas, la Junta de Gobierno procedió a fijar las cuotas en cinco salarios mínimos el derecho a inscribirse y cuatro salarios mínimos por cada materia, aplicables a partir del próximo semestre. El l° de marzo de 1992 se publicó el Reglamento de Cuotas en todos los medios.
El 8 de abril el Frente Democrático Universitario cerró los accesos a la Universidad con cadenas. La secretaria general Hilda Benítez pidió a un notario público que diera fe de la suspensión total de actividades y el motivo. El grupo exigía que se prorrogara la elección de consejos divisionales, que ya se había realizado en las Unidades Sur y Norte.
Al día siguiente, el Rector fue agredido físicamente en el edificio principal, y presentó de inmediato la querella correspondiente, con la consecuencia de que ello la Policía Judicial ejecutó diez órdenes de aprehensión contra quienes tenían tomada la Universidad: Iván Barrios López, Armando Moreno Soto, Juan José León Gámez, José Valenzuela, Alfonso Cruz Ruiz, líder del STAUS, Salvador Aragón, Marco Antonio Valles y Ernesto Pineda León, líder del CEUS; también fueron detenidos Pedro Gaspar y Jorge Alberto Márquez, sorprendidos en un vehículo de la Universidad.
Esa noche, en el despacho del secretario de gobierno Roberto Sánchez Cerezo, dialogaron éste y el subsecretario Horacio Valenzuela con los miembros del CEUS Sara Valle Dessens, María Luisa Rivera y Marta Patricia Gómez Aguilar y al final firmaron un convenio, teniendo como testigos a los líderes sindicales. Los del CEUS se comprometieron a salir de las oficinas tomadas y a no impedir injustificadamente ni por exhortación verbal ni por cualquier otro medio el acceso a quienes tienen derecho a él. Por su parte, el gobierno se comprometió a desistirse de la acción penal contra los detenidos y no ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes.
El 4 de junio, el gobernador Beltrones entregó a la prensa un mensaje que también se difundió por radio y televisión.
Con objeto de que el actual momento de la Universidad de Sonora sea resuelto por sus propios integrantes, hago un respetuoso llamado a la Junta Universitaria para que, ejerciendo las facultades que le confiere la Ley, convoque a un foro de consulta en el que la comunidad universitaria externe sus opiniones, plantee y discuta ideas, y recomiende los mejores sistemas para consolidar la reforma actualmente en marcha.
En otra parte del mensaje, dice que ha platicado con todos los grupos y ha encontrado que coinciden en que nuestra Universidad debe hoy reencontrarse a sí misma y construir, con métodos puramente universitarios, ajenos a presiones, partidarismos políticos, o confrontaciones violentas, los mecanismos más adecuados para garantizar su futuro y cumplir con los elevados fines para los que fue creada.
La Junta Universitaria resolvió que el Foro de Consulta se iniciara el día 15, en dos etapas, una sobre la Estructura y Funcionamiento de la Universidad, y otra sobre Planes Institucionales de Desarrollo. Diversos hechos impidieron que el Foro se realizara en la fecha citada, pero se logró llevarlo al cabo los días 7, 8 y 9 de diciembre. Se presentaron más de cincuenta ponencias sobre los más heterogéneos temas, pero el propósito no era recoger una cosecha de ensayos académicos, sino utilizarlo como canal de desfogue para las opiniones disidentes y, además, demostrar quién llevaba la batuta en este concierto: el gobernador del Estado a cuyo llamado habían acudido foristas de todos los criterios.
En el primer año de vigencia de la Ley 4 el rector Valencia fue objeto de diversos actos de hostilidad. El 12 de octubre de 1992 dio lectura a su tercer informe en el teatro Emiliana de Zubeldía ante los miembros de los órganos de gobierno, invitados y maestros en general. El recinto fue cerrado al iniciarse el acto para evitar que entraran los estudiantes que agitaban afuera. Los jóvenes golpeaban las puertas con violencia; por el intenso ruido, parecía que terminarían por derribarlas.
De pronto, se oscureció por completo la sala por más de un minuto; los asistentes nos mantuvimos en nuestros lugares. Al encenderse la luz se reanudó la ceremonia como si nada hubiera sucedido, a pesar de que el asiento del Rector estaba vacío: se había marchado por la puerta de atrás aprovechando la oscuridad...
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Fuente:
• Carlos Moncada. Historia General de la Universidad de Sonora. Tomo IV.
• Carlos Moncada. Historia General de la Universidad de Sonora. Tomo IV.
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