A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. A LA SOCIEDAD EN GENERAL
Como trabajador universitario, como padre de familia, como miembro de una sociedad preocupada por el estancamiento de las negociaciones que ha mantenido a la Universidad de Sonora en un estado de inactividad académica durante más de 50 días, con el consecuente atraso en sus programas escolares, de investigación, de atención a los grupos desprotegidos y de servicio social a amplias capas de la comunidad, y con el ánimo de motivar una reflexión que estimule a las partes en conflicto a buscar el acercamiento necesario para reanudar las pláticas que arrojen una solución rápida, equitativa y equilibrada en beneficio de todos, a título personal me permito manifestar lo siguiente:
La Universidad de Sonora es una institución pública, y como tal es patrimonio de la sociedad. No tiene dueños: no pertenece a la administración ni pertenece a los gremios de empleados y maestros ni a los trabajadores de confianza; no pertenece a los estudiantes ni pertenece a sus padres, que en su mayoría hacen grandes esfuerzos para que sus hijos asistan a recibir educación superior de calidad en las instalaciones universitarias y forjarse un futuro menos incierto.
Unos y otros formamos parte del activo más importante que puede tener una institución: sus recursos humanos, con sus aspiraciones personales y esperanzas colectivas perfectamente legítimas cuando se exigen dentro de los marcos legales y de respeto a los esfuerzos, aspiraciones y esperanzas de segundas y terceras personas. Esto aplica para todos.
Como desde hace 66 años, empleados, maestros, estudiantes y administradores formamos un solo grupo que buscamos que las funciones sustantivas de la Universidad de Sonora se desarrollen en armonía con los intereses particulares de cada gremio y con las obligaciones que nos impone nuestra relación con la institución. Siempre ha sido así.
Históricamente, aún en sus épocas de mayor tensión social, la administración universitaria ha velado porque los recursos de la institución se apliquen como la normatividad respectiva señala, sin descuidar el buen funcionamiento de los mecanismos administrativos ni desviar los recursos señalados para tareas específicas; y los gremios de empleados, maestros y administrativos, por su parte, han realizado cotidianamente sus labores en favor de una sociedad que nos rodea y nos da vida y sentido: las miles de familias que nos confían la formación de sus hijos en un marco de respeto, equidad y solidaridad con aquellos que no han tenido el privilegio de acceder a la educación superior.
Lo hemos hecho así porque sabemos que, por naturaleza, la Universidad de Sonora no es una isla ni es un ente dividido de por sí, pues entendemos que en la base filosófica de un problema con visiones encontradas, como el que actualmente vivimos, lo que nos separa es lo mismo que nos une: la institución y nuestra visión sobre ella.
Con todo, la Universidad es una institución que se debe a la sociedad, que vive y convive en ella, que recibe recursos públicos y que debe responderle a la ciudadanía con resultados que propongan un beneficio social para todos, que impacten de buena manera en su vida cotidiana y que mejoren su calidad de vida. De otro modo, nuestro trabajo no tendría sentido.
Lastimosamente, al día de hoy hemos acumulado una gran deuda con la sociedad, que nos reclama con todo derecho que no estemos cumpliendo con nuestra principal obligación moral: formar profesionistas de calidad en todos los aspectos para que fortalezcan los tejidos sociales de Sonora y de México.
La sociedad ha constatado fielmente que estamos sufriendo de manera involuntaria una de esas crisis que ponen a prueba a las instituciones, sobre todo a las instituciones públicas, siempre en riesgo de ser tomadas como rehenes por intereses fundados en la visión ambigua de que lo público nos pertenece a todos; sin embargo, en un contrasentido simple, las crisis también miden la solidez de los cimientos de las instituciones: sabemos que más que el esfuerzo individual, es con el esfuerzo colectivo como sociedad que podemos soportar los embates de la incertidumbre, y salir avante de la adversidad, con los pequeños o grandes aportes que cada uno hagamos en favor de nuestro estado, su gente y sus instituciones.
La sociedad ha sido testigo de calidad en el largo y desgastante proceso por el que atravesamos: conoce ampliamente las demandas económicas presentadas por el sindicato y las propuestas que la administración ha hecho, que ciertamente han sido superiores a la media nacional, y ha compartido nuestra preocupación por no haber encontrado aún el camino para terminar el conflicto sin recriminaciones ni riesgos a corto plazo ni amenazas a futuro.
La sociedad sabe que la Universidad de Sonora recibe de los gobiernos federal y estatal los recursos para conformar su presupuesto anual, del cual se desprenden los sueldos y beneficios económicos que todos los trabajadores universitarios percibimos; sabe que la institución somete ante los legisladores federales y locales la propuesta de presupuesto y que, finalmente, es en las cámaras donde se deciden los montos y cantidades que se destinan a las diversas partidas presupuestales y que le permite hacer frente a las diversas demandas que sobre salarios y prestaciones demandan sus trabajadores.
En otras palabras, la sociedad entiende que los incrementos ya están autorizados mucho antes de ser solicitados por los gremios o por iniciativas personales, y que no existe una bolsa especial de donde extraer los recursos para aquellas peticiones que rebasan lo autorizado por los congresos.
Así, la sociedad percibe también que no hay razón para mantener paralizada a la Universidad de Sonora por posiciones que se han polarizado acaso sin sentido, en vista de que se han agotado las posibilidades de dar respuestas afirmativas a peticiones que no se pueden cumplir por no estar contempladas en las asignaciones recibidas para el presente año.
¿Acaso todo se reduce –como han indicado los medios y comentaristas locales, fracturando aún más con sus intervenciones desafortunadas las relaciones entre las comisiones negociadoras– a una simple pero igualmente perjudicial defensa de posturas grupales, una aparente competencia en la que se están midiendo fuerzas… y que justamente es donde radica la debilidad de esa lógica que la sociedad no entiende porque no la encuentra?
Será tal vez, como dice la profesora Josefina de Ávila Cervantes, Maestra Emérita de la Universidad de Sonora, en su libro La literatura como Ciencia Social. Aportaciones a la Etología Humana, que no hemos sabido encontrar, ni como individuos ni como colectivos, los caminos establecidos por la inteligencia, el respeto y la observancia del bien social porque hemos antepuesto nuestro propio ego, entendido como el principio de toda dialéctica, y contrapuesto al principio de los demás:
“¿Por qué no somos capaces, ni entre hermanos ni entre amigos o compañeros de especialidad, de buscar juntos respuestas a problemas que nos afectan a todos? Generalmente se inician diálogos que terminan en discusión y sin avanzar sobre lo propuesto. Y ello, habiendo interés común en hacerlo. Al detenerse en vivo a observar-se, descubre uno que el ego es más fuerte que los deseos de conocer. Se fantasea sobre tal deseo. Uno quiere ser quien lo sabe todo. El otro debe supeditarse; pero el otro también quiere ser oído y no se supedita. Pasa demasiado seguido entre intelectuales para no advertirlo. Se apela a la autoridad —necesariamente—, y se recurre a las fuentes de información, otras autoridades. Los científicos han encontrado una manera de eludir tan torpes como estériles discusiones recurriendo al sentido del humor... y a la demostración. Sin embargo, el problema sigue allí y se va resolviendo según la calidad y la mayor jerarquía de las autoridades a las que se apela. Se supone, falsamente como muchas otras suposiciones, que se está partiendo de lo mismo: la realidad, para llegar a una claridad mejor sobre la misma. ¿Qué sucede entonces? ¿Dónde está el error? Hay buena fe intelectual, hay deseos de conocer y aclarar, hay suficientes fuentes de información. Luego, el problema es otro y, desde luego, involuntario: el ego de los contendientes y, en él la estructura mental psicológica que va a hacer de las suyas sin que nadie lo advierta. No se puede renunciar así como así, a lo que uno sabe; a lo que uno ve (¿veremos acaso lo mismo?) y a lo que uno ha construido a lo largo de su vida. La mayoría de las polémicas nace de defender el yo frente a los otros yo. Porque desconocemos que hay otra vía, expedita y válida para conocer: la de saber observar, la de saber escuchar, sin que el yo intervenga...”
Quizá no sea una exageración mía subrayar que todos sabemos que no está en discusión la huelga como herramienta de presión: se reconoce; no está en discusión la legalidad de la huelga y sus demandas: se reconocen; pero tampoco están en discusión los ofrecimientos económicos de la administración, ya que han llegado al tope que se puede ofrecer ni está en discusión la propuesta del STEUS de que se desvíen recursos etiquetados para acciones académicas y otras funciones institucionales, con el fin de satisfacer las demandas económicas del sindicato, pues hacerlo significaría entrar al terreno de la ilegalidad.
Ante todo, lo que debe de reflexionarse es el impacto negativo que la paralización de labores tiene sobre gran parte de la sociedad sonorense, a saber: estudiantes de los diferentes niveles de la educación superior que imparte la institución; maestros e investigadores cuyos proyectos se han paralizado; trabajadores y administrativos, que deberán redoblar esfuerzos para recuperar parte del tiempo que ha pasado; padres de familia, proveedores y ese estrato de la población que menos recursos tiene y que son los usuarios de los servicios universitarios (de bufetes, laboratorios y acciones de servicio social).
No está de más considerar que, en rigor, en este conflicto no hay culpables: ni tiene la culpa el rector Pedro Ortega ni la tiene Dorotea Gámez, dirigente del STEUS, de la situación que ahora prevalece en la Universidad, pues ellos son quienes encabezan transitoriamente dos partes contrapuestas por naturaleza, y deben responderle al segmento que representan: ella, a los trabajadores agremiados; él, a los padres de familia y a la sociedad en general.
Igualmente, en términos simplistas, si acaso hubiera un culpable en la situación que atraviesa la Universidad, ese culpable sería la crisis económica permanente que ha vivido nuestro país durante varias décadas y que durante los últimos años se ha agudizado tanto para los gremios de trabajadores como para la obtención de presupuestos que satisfagan con suficiencia las demandas que se presentan cada año. Pero ni eso es razón suficiente para realizar actos que perjudiquen a segundas y terceras personas, porque entonces sería el argumento perfecto para establecer la anarquía total.
Antes que nada se debe reconocer que no puede haber una actitud conciliadora cuando no existe un discurso conciliador, sino uno que polariza las posturas, abonado por los comentarios, bienintencionados y/o no, de algunos editorialistas.
A mi parecer, este es un proceso que se ha contaminado por tanto tiempo que ha pasado y por la profusión de foros en internet que en defensa de la libertad de expresión abren su espacio para relajar las opiniones al grado de volverse ataques viscerales que se pierden en la cursilería de los apodos, la numeralia inútil, el linchamiento mediático de los grupos en pugna, los señalamientos enfermizos a los rasgos físicos y las filiaciones políticas de los personajes.
Si bien es cierto que existen muchos periodistas que han pervertido la actividad de comunicar e informar a la comunidad, también es cierto que la ciudadanía requiere de información veraz, objetiva, honesta y transparente. Sin embargo, la intervención de algunos comunicadores que, en su legítimo afán por sobrevivir como un segmento vivo de la sociedad, realizan intervenciones cotidianas en los medios basadas muchas veces en lo ilegítimo, llegando al caso de denostar y calumniar a los actores principales de este proceso, ha desviado la atención hacia terrenos que impiden que las negociaciones avancen.
Ante tal exceso de vocinglería contaminante, las voces que realmente deberían de escucharse en primera instancia, la de quienes encabezan las negociaciones, quedan sepultadas bajo un ruido que no ayuda a que haya un acercamiento, por el contrario: agudiza las posiciones, encontradas por naturaleza, y finalmente deja un sedimento de incertidumbre y amargura en los lectores o radioescuchas y/o televidentes que se acercan a los medios a buscar los argumentos inteligentes de los columnistas para tratar de entender esas posturas y buscar la manera en la que todos podemos aportar al menos un poco de lo que somos y sabemos para encontrar una solución que resuelva el problema de manera inmediata y que, a la vez, allane el camino para futuras negociaciones.
Por ello, como trabajador universitario, como padre de familia, como miembro de una sociedad preocupada por el estancamiento de las negociaciones que ha mantenido a la Universidad de Sonora en un estado de inactividad académica durante más de 50 días, hago un llamado respetuoso a la administración universitaria y a los representantes del gremio de los trabajadores y empleados de la Universidad de Sonora para que revisen con toda objetividad los ofrecimientos, que ponderen la situación que priva en nuestro país, donde el tiempo y la educación son recursos que no se deben derrochar en vano, y tomen en cuenta la preocupación creciente de la sociedad ante la paralización de las actividades universitarias, que afecta directamente su ya debilitada economía familiar.
Es necesario adoptar posiciones conciliadoras, dejando de lado toda la contaminación mediática, para buscar de manera armónica soluciones reales a un conflicto universitario que nos afecta como individuos y como sociedad.
Desde luego que habrán de quedar temas pendientes sobre la mesa, acaso una consulta abierta a la sociedad en defensa y revisión de la educación superior en Sonora, establecer mecanismos públicos para futuras negociaciones y demás puntos que habrán de fortalecer las estructuras universitarias.
Aún con eso, es tiempo de tomar decisiones que contemplen a los demás, incluso a nosotros mismos, y que les permitan proseguir su vida laboral y académica con toda normalidad posible.
Como sociedad debemos estar convencidos de que si ponemos más atención a lo que nos une en vez de aquello que nos separa, se podrá llegar a un pronto arreglo. Y lo que más nos une en este momento es nuestra indiscutible vocación de servicio siempre en busca de un amplio beneficio social, sobre todo de los jóvenes que han confiado en nosotros para formarlos como mejores ciudadanos.
Es lo menos que podemos hacer en favor de todos los que formamos parte, como comunidad universitaria o como sociedad, de la Universidad de Sonora, el mayor patrimonio de los sonorenses. Recordemos que aunque la Universidad no tiene dueños, todos tenemos la obligación moral de fortalecerla como nuestra máxima casa de estudios con propuestas integradoras, positivas y con visión de beneficio para todos, donde no tienen cabida las descalificaciones y las opiniones del facilismo y la falsedad que nada aporta al desarrollo sostenido de una institución como la Universidad de Sonora. La Universidad nos necesita a todos: es hora de volver la vista hacia ella para ofrecerle nuestra ayuda como universitarios, como trabajadores, como padres de familia, como sociedad.
(Yo creo que la foto que encabeza esta columna es del Felipe Larios Velarde. Si no es de él, pues será de alguien más. Gracias de todas maneras por su aportación involuntaria).