Aspecto de la reunión de evaluación universitaria.
Presiden el Rector Roberto Reynoso y el Dr. Pablo Latapí. 1968.
El 28 de septiembre de 1967, el licenciado Roberto Reynoso Dávila fue nombrado Rector de la Universidad por dos años; es decir, para que concluyera el segundo periodo del doctor Moisés Canale. Aunque ya se había levantado la huelga, los miembros del Patronato habían optado por eliminar un foco de posible reactivación de las manifestaciones estudiantiles: los festejos. Y aquel 12 de octubre pasó desapercibido.
Aunque el licenciado Roberto Reynoso Dávila sólo fue Rector un año, hizo una valiosa aportación a la existencia del Alma Mater al promover la contratación del doctor Pablo Latapí, director general del Centro de Estudios Educativos A.C., para que elaborara el Plan de Desarrollo de la Universidad de Sonora 1969-1973. El proyecto se presentó al Consejo Universitario el 20 de enero de 1968 y el contrato para realizarlo se firmó el 5 de febrero.
El 10 de agosto del mismo año, la Comisión de Decisiones del Consejo Universitario aprobó el Plan y formuló algunas observaciones; el informe final se entregaría a un nuevo Rector el 30 de junio del siguiente año. Buen número de sus recomendaciones se fueron adoptando en los años siguientes, a menudo sin determinar la fuente de la que emanaban.
La Comisión de Decisiones, encabezada por el rector Reynoso, la integraban el licenciado Ricardo Valenzuela Galindo, los profesores veteranos Amadeo Hernández, Ernesto Salazar Girón y Aureliano Corral Delgado; el licenciado Rolando Va1enzuela V., funcionario de la Universidad; el ex rector Moisés Canale Rodríguez; Eugenio Hernández B., miembro del Patronato; el licenciado Adalberto Monarque C. y los representantes alumnos Yolanda Elena Soto, Dora Mendívil y Roberto Rojas Astorga.
Todas las dependencias universitarias pusieron a disposición del doctor Latapí y sus colaboradores cuanta información fue solicitada. En la primera parte del estudio contó con el asesoramiento del licenciado Alfonso Rangel Guerra, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, y del doctor Arturo Ordóñez, subdirector de la Escuela de Ingeniería y Coordinador de Investigación y Graduados del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En la segunda parte concurrieron las opiniones del doctor Frank L. Keegan, vicerrector de la Universidad de Cleveland, y del ingeniero Fernando Macías Rendón, subdirector de Promoción Económica del Tecnológico de Monterrey; igualmente, de los contadores Agustín Caballero Wario, auditor del Patronato, y Guillermo Enrique Díaz, de Chihuahua, especialista en administración.
La planificación del desarrollo se calculó para un periodo de ocho años, con la prevención de ajustarlo a cinco, en caso de que las proyecciones no se consideraran totalmente confiables. Esto último fue lo que finalmente se hizo.
Se diseñó una metodología que permitió combinar el sistema de autoestudio con el de un estudio externo. En el primero participaron los universitarios a fin de que aportaran objetividad y realismo, al tiempo que se familiarizaban con los problemas y se les capacitaba para aplicar las soluciones. Se agruparon en varias comisiones: de Objetivos, del Consejo Universitario, Organización Escolar, Directores de Escuelas, Actividades de Investigación, Academias, Extensión Universitaria y Difusión Cultural y Sociedades de Alumnos.
Un equipo técnico dirigido por el licenciado Ramón Figueroa, director del Departamento de Investigaciones Sociales y Económicas, auxiliado por un numeroso contingente de estudiantes, se responsabilizó de la recopilación de datos y de la aplicación de las encuestas. Se estima que este equipo trabajó aproximadamente 50 mil horas-hombre en el Estudio, dice el informe final.
El Plan de Desarrollo es sólo un instrumento de trabajo -asienta con tino el documento-. Sería contrario a su espíritu suponer que se trata de un esquema inflexible que pretenda predeterminar la evolución de la UNISON en los siguientes años. No obstante, las recomendaciones más relevantes del Plan fueron adoptadas en el curso de los años, aunque no siempre, repitámoslo, con el reconocimiento de la fuente; he aquí algunas:
1. Creación de la Junta de Gobierno como máxima autoridad universitaria, formada por siete miembros, con la facultad, entre otras, de elegir al Rector, conocer de su renuncia y, en su caso, removerlo;
2. Redistribuir las funciones del Consejo Universitario pasando las académicas a un Consejo Académico;
3. Suprimir al Secretario General de la Universidad y sustituirlo por un secretario particular del Rector, y eliminar también a los secretarios de las Escuelas, cuyas funciones se distribuirían entre los maestros;
4. Crear cinco Áreas o Divisiones: Académica, Asuntos Administrativos, Finanzas, Desarrollo y Asuntos Estudiantiles;
5. Elaboración del Estatuto del Profesorado considerando un plan de desarrollo y capacitación de los maestros, clasificación en cuatro niveles, un sistema de evaluación del rendimiento académico y revisión de los sueldos;
6. Conversión de los cursos anuales a semestrales, que ya habían adoptado las escuelas de Agricultura y Ganadería, Ciencias Químicas y Altos Estudios;
7. Establecimiento del sistema de créditos y departamentalización de la enseñanza;
8. Creación de las carreras cortas de Técnicos en Física, en Matemáticas y en Computación, en el marco de la Escuela de Altos Estudios; Técnicos en Fundición, Instalación y Montaje de Plantas Químicas; Instrumentalista Industrial, Laboratorista (clínico, industrial, metalúrgico), Operación de Plantas Industriales, Tratamiento de Aguas y Venta de Productos Químicos;
9. Nombramiento de un coordinador de investigación, dependiente del director de División Académica, que con apoyo de un Consejo de Investigación asegure la coordinación permanente de dos funciones básicas de la Universidad: docencia e investigación;
10. Reducción de los tres tipos de exámenes: ordinario, extraordinario y a título de suficiencia, a dos: ordinarios y de regularización para alumnos reprobados;
11. Aprobación de otros métodos para titularse, aparte del tradicional, consistente en tesis y examen;
12. Construcción de una biblioteca en el campus;
13. Supresión de la carrera de Obstetricia por su elevado costo: en cinco años sólo se habían titulado seis alumnos y egresado diez; en el ciclo 1967-68 había quince alumnos en segundo año, y ninguno en primero.
Algunas propuestas, como la departamentalización, comenzaron a aplicarse bajo el rectorado del licenciado Alfonso Castellanos Idiáquez; otras tuvieron que esperar a que se las considerara en la Ley número 4 de 1991 vigente, que creó la Junta Universitaria como autoridad máxima con las facultades asignadas a la Junta de Gobierno, en el Plan Latapí; igualmente, el Colegio Académico, que en el Plan se denomina Consejo Académico; la organización de Divisiones, etcétera.
La investigación sirvió, además, para detectar diversas fallas, por ejemplo, que sólo el 36% del conjunto de profesores de las escuelas subprofesionales y profesionales era de tiempo completo, y mal distribuido: en la Escuela de Derecho no había uno solo, mientras que en Altos Estudios el 80% eran profesores de tiempo completo. Del total de 178 maestros, 101 tenían grado de licenciatura; 31, de maestría (11 de ellos, en Agricultura y Ganadería); 7 de doctorado (5 de ellos, en Altos Estudios).
El estudio consideró vagas las funciones del Patronato y que faltaban mecanismos adecuados para la renovación de sus miembros. Como se recordará, bajo la Ley Universitaria de 1953 se les nombraba de por vida.
En la parte administrativa, que según las encuestas más de la mitad de los estudiantes consultados consideró mala, no había sistema de contratación, análisis y evaluación de puestos, evaluación del trabajo, manuales de organización y procedimientos.
De todas las bibliotecas universitarias, la llamada central y las de las escuelas, sólo dos estaban bien atendidas y con sus libros clasificados; el gasto en ellas era excesivo y sin buenos resultados.
El Plan Latapí, finalmente, se ocupaba de lo que fue el talón de Aquiles del rector Reynoso: la reforma del sistema de cuotas escolares.
La rebelión contra las cuotas
El 13 de junio de 1968, es decir, antes que el Centro de Estudios Educativos presentara la primera versión del Plan de Desarrollo, el Patronato elaboró una ponencia sobre cuotas escolares, que concluía en la necesidad de aumentarlas.
En los últimos diez años, los ingresos de la Universidad habían subido de $5'000,000.00 a $22'500,000.00 y los egresos, de $4'600,000.00 a $26'000,000.00 En el mismo periodo, los costos por alumno habían pasado de $3,000.00 a $7,500.00. Los apoyos federales equivalían a la sexta parte del presupuesto; el 60% de éste provenía del impuesto del 10% adicional.
Había en el Estado 1,312 alumnos en carreras universitarias, 1,291 en la Universidad y 21 (ingeniería industrial) en el Instituto Tecnológico del Noroeste con asiento en Ciudad Obregón. Cada año sólo egresaban 143 profesionales.
El Patronato presentó a la consideración del Consejo dos proyectos: el primero, de nuevas cuotas sobre la base de que las actuales sólo cubrían el 2.8% del costo de la educación y deberían alcanzar cuando menos el 40%; se cobraría algo menos a los estudiantes de municipios fuera de Hermosillo, y más a los provenientes de otras entidades federativas y del extranjero. Habría créditos parciales y totales para quienes no pudieran pagar la cuota pero se les exigiría promedio de calificaciones de ocho.
El segundo proyecto se proponía recuperar el costo de la educación de los ex alumnos, y para eso se les haría saber lo que había invertido en ellos la Universidad y se crearían procedimientos para que lo devolvieran.
El 28 de junio, el Consejo aprobó un nuevo reglamento de cuotas que no produjo un cataclismo porque los estudiantes estaban de vacaciones. De todas maneras, la FEUS intentó atenuar las consecuencias sugiriendo el cobro de una cuota anual de $350.00 y el pago de $10,000.00 por cada egresado; este fondo se emplearía en becas para estudiantes sin recursos. Además, propuso gestionar en Pemex una concesión para operar una gasolinería cuyas utilidades se destinarían al mismo fin.
En agosto, el Rector se puso en campaña para convencer a diversos sectores sociales de que había bases para elevar las cuotas; pero chocó con oposición, no sólo de estudiantes sino también de profesores y hasta de patronos. En octubre, una comisión de consejeros encargada de dictaminar el asunto, luego de haber escuchado las opiniones en contrario, concluyó un dictamen que el maestro Ernesto Salazar Girón y los patronos Manuel Torres y Eugenio Hernández se negaron afirmar. Estos dos hombres eran políticos que calcularon, lo que no hizo el Rector, el riesgo que implicaba el incremento desmesurado de las colegiaturas.
El doctor Latapí tuvo el cuidado de anotar, en la versión final del Plan de Desarrollo entregada en 1969, que las medidas tomadas recientemente por las autoridades de la Unison para regular las cuotas escolares, fueron independientes de este Estudio de Planificación. De todas maneras, argumentaba que el 82.5% de los alumnos, o sea la gran mayoría, caen en estratos de ingreso familiar entre los $1,500.00 y los $5.000.00 mensuales.
Según sus cálculos, los padres de familia accederían a pagar mensualmente $85.65 por la colegiatura en Preparatoria; $114.09 en carreras subprofesionales, y $126.33 en profesionales. Y anotaba: Es obvia la discrepancia entre estas cantidades y las establecidas en el Reglamento de Colegiaturas elaborado en junio de 1968 por la UNISON.
Si la colegiatura anual en las carreras profesionales podría ser de $1,515.96, según el doctor Latapí, lo que implicaba un aumento de 400% y aún así era más baja que la propuesta por el rector Reynoso, es explicable que ésta resultara monstruosa a los ojos de los estudiantes y sus padres y tutores.
La verdad es que la encuesta aplicada a los alumnos, por instrucciones de la Rectoría, no había recogido información fidedigna. De entrada, no se les sensibilizó sobre la importancia de aportar datos veraces para planear sobre bases firmes. El autor de esta obra, entonces estudiante de Derecho, vio cómo sus compañeros de escasos recursos, hijos de jornaleros o empleados, anotaron, para burlarse de la encuesta, que sus padres tenían grandes ingresos, eran dueños de casa propia y poseían dos o tres automóviles. El doctor Latapí debió haber conocido o sospechado estas fallas, pues en la versión final del Plan aconseja que la Unison, en ocasión de la inscripción al siguiente curso escolar, aplique nuevamente el cuestionario de alumnos, incorporando en él las correcciones ya sugeridas al Lic. Rolando Valenzuela, y evitando los errores anteriores. La información que el alumno entregue deberá estar firmada por el padre de familia.
Pero la tempestad no pudo pararse cuando los estudiantes volvieron a clases. La FEUS anunció un debate con la presencia del Rector y del director de las Preparatorias, profesor Ernesto Salazar Girón, para el 4 de septiembre, aunque no contaba con la anuencia de ninguno de ellos. De hecho, no se presentaron. En cambio, el Rector dio a conocer un boletín informando que entregaría al Consejo Universitario un estudio relacionado con la planeación universitaria (intentando reforzar su posición con apoyo en el Plan Latapí, que también envió al Gobernador del Estado y sobre el cual pidió la opinión de los ciudadanos, a través de los medios), pero No puedo aceptar participar en el debate público convocado por la FEUS ante una multitud heterogénea e inidentificable en la representación que pueda orientar y en circunstancias tales que algunos individuos, escudados en el anonimato, en plan irresponsable pudieran realizar actos de irrespetabilidad (sic). No es ante el tumulto y la algarabía como deben plantearse los problemas de la Universidad.
Exhortó a la FEUS a que no suspendiera reiteradamente las clases y no realizara repetidos mítines de masas que no resuelven problemas universitarios y sí, en cambio, crean psicosis social propicia de perturbaciones que desprestigian a la Universidad de Sonora y obstaculizan su marcha académica (El Sonorense, 5 de septiembre de 1968).
Los días que siguieron se caracterizaron por la intensa campaña de la FEUS contra el incremento de las cuotas y por la violencia física entre grupos estudiantiles que trataban de dominar en el interior de la Universidad. Los líderes de la Federación, Ismael Mercado Andrews y Bernardo Cabrera Lemas, convocaron a asamblea la tarde del 24 para someter a la consideración de sus compañeros el eventual apoyo a la huelga de los estudiantes de la Universidad Nacional. La decisión fue afirmativa. Además, sacaron adelante el acuerdo de suspender las clases indefinidamente mientras no renunciaran el Rector, el profesor Ernesto Salazar Girón y el director de Enfermería, doctor Abel Hernández; también demandaron la derogación del reglamento de cuotas y la aceptación de la paridad de representantes en el Consejo Universitario y en los Consejos Técnicos de las escuelas.
La amenaza surtió efectos inmediatos. El Rector llamó a los líderes y les anunció que renunciaría, a cambio de que depusieran su actitud. El día 27 depositó en la Secretaría General una carta, con instrucciones de que se sometiera a la consideración del Consejo en la sesión del 30.
El doctor Hernández presentó su renuncia al día siguiente, y ambas fueron aceptadas el 4 de octubre. El profesor Salazar siguió en su cargo y el asunto de la paridad en los Consejos quedó en el aire.
El 16 de octubre, una comisión integrada por los patronos Manuel Torres y Eugenio Hernández; los profesores Ernesto Salazar Girón, Ernesto López Riesgo, Rosalío E. Moreno y Heriberto Aja Carranza; y por los estudiantes Rafael Acuña Griego, León García, José Luis Jardines e Ismael Mercado, presentaron al Consejo Universitario un dictamen en el sentido de que el Reglamento para el Pago, Diferición y Recuperación de Cuotas Escolares, aprobado en junio, debería reformarse.
Lograron que se aprobaran las modificaciones, entre ellas, que ya no se perdiera el derecho a la diferición del pago si no se conservaba al menos un promedio de 70, sino que el derecho se obtendría aprobando más del 50% de las materias; los hijos de los trabajadores de la Casa de Estudios tendrían el 50% de descuento, y otras.
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Fuente:
• Carlos Moncada Ochoa. Historia General de la Universidad de Sonora. Tomo III.
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