El actual sexenio, el de Felipe Calderón Hinojosa, ha sido el más letal y dañino para comunicadores y activistas, dicho por decenas de estudios de organizaciones internacionales y ONG’s.
A los efectos negativos de la violencia que, de acuerdo con cifras extraoficiales, supera los 150 mil muertos y desaparecidos, millones de desplazados, miles de huérfanos y viudas, secuestrados y extorsionados, se adiciona el de la represión y persecución a aquellos que critican y denuncian el trabajo de funcionarios en todos los niveles de gobierno.
Por si fuera poco, “México vive una crisis humanitaria en materia de derechos humanos de los migrantes”, afirmó esta misma semana Louise Arbour, presidenta del International Crisis Group y comisionada de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
“Periodistas, defensores de derechos humanos y migrantes son atacados deliberadamente por organizaciones delictivas y miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, México no ha ofrecido protección a estos grupos vulnerables ni ha investigado adecuadamente los delitos de los cuales han sido víctimas”, planteó Human Rights Watch en su Reporte Mundial 2012.
Respecto a la libertad de expresión, este organismo destacó: “Numerosos periodistas, especialmente aquellos que han realizado investigaciones vinculadas con el narcotráfico o han asumido una actitud crítica frente a las fuerzas de seguridad y las autoridades, han sido víctimas de graves persecuciones y ataques.
Entre 2000 y septiembre de 2011, fueron asesinados 74 periodistas, al menos 8 de ellos durante 2011. Si bien muchos de los ataques contra miembros de la prensa ocurridos en 2011 se atribuyeron a la delincuencia organizada, en algunos casos existen evidencias que señalan la posible participación de funcionarios públicos”.
El gobierno de Felipe Calderón lanzó, desde diciembre de 2006, una guerra contra el narco que, sabemos, decidió unilateralmente y sin una estrategia diseñada por expertos en el tema.
Las consecuencias de esa decisión, tomada al vapor y que se convirtió en prioridad de la actual administración, están a la vista: al aumento incesante del número de asesinatos, torturas y otros abusos por parte de las bandas del crimen organizado, también se ha sumado los de los miembros de las fuerzas de seguridad.
Todo lo anterior, más la impunidad y la distendida procuración de justicia en México, ha contribuido y agravado el clima de caos y temor que predomina en muchas regiones del país, y que permite también que comunicadores, activistas y defensores de derechos humanos estén a merced de los violentos.
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