Adalberto Sotelo
En octubre de 1954, la Universidad de Sonora hizo circular declaraciones oficiales en el sentido de que el Consejo Universitario recomendaba el cumplimiento estricto de la Ley Universitaria y del Reglamento.
Se recomienda a todas las autoridades universitarias no permitir acto alguno que tienda a relajar la disciplina y menoscabar el buen nombre de la Universidad de Sonora, sea cual sea el pretexto que quiera aducirse. En particular, no serán permitidas las novatadas ni acto alguno que implique menosprecio, injuria u otra clase de atentados contra las personas o las cosas, por considerar que tales actos son impropios de una Universidad. No serán atendidas aquellas peticiones en forma violenta, amenazante o en cualquier otra forma que contravenga los principios de orden y disciplina que deben ser norma fundamental de una institución como la nuestra (El Pueblo, 9 de octubre de 1954).
No era una recomendación gratuita. A fines de 1954 se había intensificado la actividad electoral para renovar los poderes locales al año siguiente, y como de nuevo contendería por el Partido Popular Socialista Jacinto López, que tanta agitación había causado en 1949, se temía que volviera a las andadas. Pero esta vez no se alteró la paz de la comunidad sonorense, y menos la universitaria, escasamente politizada.
En cambio, se registraron dos problemas que trascendieron a la opinión pública que sirven de referencia para calibrar la actuación del Consejo: el surgimiento de la primera organización sindical en la Universidad y la expulsión de un estudiante de Derecho.
La petición de incremento salarial solicitada por los maestros en la segunda sesión del Consejo, el 30 de septiembre de 1953, y recordada por el profesor Ernesto López Riesgo el 8 de octubre, fue pospuesta con diversos pretextos. Ante ese hecho, 83 maestros y trabajadores formaron un sindicato en junio del año siguiente, obtuvieron el registro ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y emplazaron a huelga el 23 de septiembre. El secretario general era el profesor Adalberto Sotelo, autor de la letra del Himno Universitario, maestro de Física bien apreciado por los estudiantes por sus conocimientos y su bonhomía. Lo menos que deseaba era el estallamiento de la huelga, que se había emplazado como medio para sacar a las autoridades universitarias del mutismo y obligarlas a negociar. No fueron éstas, sin embargo, las que dieron la respuesta sino el gobernador Ignacio Soto, secundado por notas y comentarios editoriales reprobatorios de El Imparcial, al servicio tradicionalmente del poder.
Aunque el asunto era de la mayor trascendencia para la Universidad, el Consejo hizo mutis y dejó que el Gobernador fustigara a los sindicalistas. El primero de octubre, el mandatario recibió un grupo de más de treinta trabajadores del Departamento de Aseo y Jardines y siete maestros, quienes denunciaron a los agitadores comunistas que alteraban la vida de la Universidad. No necesitó más Ignacio Soto para desatar la tormenta de su indignación contra quienes apartándose de los procedimientos pacíficos y normales, pretenden perjudicar los intereses de la Universidad de Sonora. Los acusó de hallarse identificados con el pensamiento y la táctica de grupos bien conocidos y de, apoyados en doctrinas exóticas... tratar de crear conflictos perjudiciales y peligrosos.
Atemorizados ante aquella andanada, difundida y amplificada por El Imparcial, los noveles sindicalistas emprendieron en su mayoría la retirada explicando que no habían tenido la intención de ir tan lejos, sino sólo la de hacerse escuchar. El emplazamiento fue retirado y la organización de trabajadores se desmoronó. El profesor Sotelo convocó una asamblea para que los disidentes explicaran su conducta, con resultados casi nulos. Poco después, las autoridades universitarias lo jubilaron. El maestro se retiró a su pueblo, Caborca, donde falleció.
La semilla del sindicalismo universitario
Hacia 1972, urgidos de que les mejoraran los sueldos, los maestros se agruparon en la Asociación de Profesores de la Universidad de Sonora (APUS); la directiva la encabezaban el ingeniero Ignacio Ayala, presidente; el profesor de escultura José Balderrama Luque, vicepresidente; el profesor Pedro Vega Ibarra, secretario, y el joven maestro Marco Antonio Valencia, futuro rector, tesorero. En esta organización estaban claramente delimitados dos grupos: el de maestros veteranos como los dos primeramente citados, o los profesores Amadeo Hernández y Ernesto López Riesgo, para quienes los instrumentos de lucha eran los oficios a las autoridades universitarias, las audiencias y, si acaso, los artículos periodísticos; y el de los maestros jóvenes como Héctor Parra Enríquez y Jesús Torres Gallegos, que no vacilaban en promover paros y huelgas, según las experiencias vividas en el seno de los sindicatos magisteriales.
Cuando los conflictos de maestros y autoridades universitarias hizo evidente que se requerían nuevas estrategias, los profesores Héctor Parra Enríquez, Vicente Carreón Miranda y Jesús Torres Gallegos integraron el "comité auxiliar de lucha" que, respetando la jerarquía del ingeniero Ayala, tomó la dirección del movimiento.
Ese mismo mes de mayo, los maestros y alumnos de Enfermería se agregaron a los inconformes al saber que el Consejo Universitario había dado el visto bueno al viejo anhelo del Rector: crear el Área de Ciencias Médicas con las carreras de medicina humana, medicina animal, odontología, ciencias de la salud y ciencias biomédicas; antes que fundar nuevas carreras, por añadidura caras, sostenían que debían atenderse los graves problemas de las instalaciones, materiales y sueldos de Enfermería, largamente pospuestos. Se produjo entonces la señal de que el gobernador se había fatigado de la errática gestión del doctor Sotelo: el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, doctor Alfonso Durán Vázquez, reprobó públicamente el proyecto que, por otra parte, no llegó a realizarse.
En esos días, la Asociación se quejó ante el Patronato de que las peticiones que habían presentado ni siquiera habían merecido un acuse de recibo. Recordaron que habían demandado un aumento del 70% para los catedráticos por horas sueltas y de 30% para los de medio tiempo o tiempo completo. También reclamaban servicio médico, pensiones y jubilación. Ante la falta de respuestas, sus comunicados se habían vuelto agresivos. Pero ahora, al menos, hubo una contestación informal: el Rector declaró a la prensa que la APUS tenía derecho a pedir aumentos, aunque los porcentajes le parecían exagerados (El Sonorense, 19 de mayo de 1972).
Mientras, la APUS se extendía hacia las Unidades: como representante de los profesores de Magdalena fue registrado José Martínez Rocha; por los de Santa Ana, Manuel Vázquez Araiza; por Navojoa, Mario Rodríguez. El fantasma del paro asomaba.
El 22 de mayo Rectoría ofreció un incremento salarial que el 9 de junio fue rechazado por la APUS. El 16 envió un oficio el doctor Sotelo al ingeniero Ayala reiterando mi mejor disposición para que se resuelvan favorablemente sus peticiones, pero sin mejorar la oferta; al contrario, se dolía de la fuerte repercusión que tendría la eventual satisfacción de la demanda de la Asociación pues significaría un egreso adicional de $5'921,564.40.
Si las autoridades universitarias esperaban que las vacaciones enfriaran los ánimos, se equivocaron. El 5 de julio, los directivos de la APUS visitaron al gobernador Félix Serna y le pidieron que incorporara a los maestros universitarios al ISSSTESON. Si bien no recibieron una respuesta afirmativa, el hecho de que hubieran acudido a instancias más altas ayudó a que el Patronato se apresurara a buscar la solución. El primero de agosto, su presidente, Enrique Mazón, propuso un convenio que lo comprometía a gestionar en el plazo más breve que sea posible (o sea, cuando se pudiera), el servicio médico e incrementos de sueldos en tres etapas.
Pero como el compromiso era vago, la APUS decidió acudir, al reanudarse las clases, al paro de actividades, coordinado por el comité de lucha.
Las diferencias afloraban por doquier. El 26 de agosto, el Secretario General de la Universidad informó a la Escuela de Ciencias Químicas que los profesores de tiempo completo deberían impartir 18 horas de clase a la semana. Los maestros alegaron que se abatiría la calidad académica pues algunos tendrían que impartir materias que no eran de su especialidad, cuatro o más horas, y propusieron un límite laboral de 15 horas. Al mismo tiempo, y por conducto del ingeniero J. Rodolfo Durán, representante en la APUS, ratificaron la petición de aumento de sueldos, que ya les habían rechazado. Para demostrar que el movimiento iba en serio, el primer día de clases, el 28, lo comenzaron con un paro.
Los maestros de esa Escuela fueron recibidos el 29 por el Rector, quien informó a la prensa, al terminar la junta, que había habido un problema de comunicación, pero que todo estaba ya arreglado, y que los maestros esperarían a ver cómo venía el presupuesto (El Sonorense, 30 de agosto). La tónica de sus declaraciones a los medios se había vuelto un constante "aquí no pasa nada".
El viernes 8 de septiembre, a las 13 horas, los profesores iniciaron un paro que finalizaría a las 18 horas del martes 12. Mediante un desplegado explicaron a la opinión pública los motivos de la lucha: originalmente, los maestros universitarios no tenían ningún tipo de protección social. El limitado que se les había otorgado a través de la Ley de Educación Pública, en los tiempos del gobernador Ignacio Soto, había desaparecido al entrar en vigencia la ley del ISSSTESON. Aunque habían planteado la situación en forma reiterada, hasta el momento los diversos patronos y rectores no han pasado de promesas, proyectos, consultas y esperas inútiles.
Es necesario señalar que el grueso de los integrantes de la Asociación estaba formado por los maestros de Secundaria y Preparatoria; Economía y Derecho no tenían representantes, pero habían sido invitados a participar, y por lo que toca a la Escuela de Ingeniería, su actitud era tibia: acordó apoyar el movimiento con un solo día de paro y advirtió que si la APUS resolvía ir a la huelga indefinida, se mantendría al margen.
En su columna diaria, el influyente periodista Enguerrando Tapia Quijada hizo este resumen de la situación:
Durante los últimos años, nos hemos hartado de sueños para el futuro maravilloso del Alma Mater y hasta se construyó un edificio especial para exhibir las maquetas de los proyectos fabulosos que se comentan para un mañana que soy el primero en desear que llegue... y la verdad es que el citado edificio nunca ha tenido tanta gente como cuando se exhibió allí un pedazo de roca lunar que trajeron los astronautas norteamericanos ... El caso es que no tiene objeto gastar dinero en cosas así, en edificios, proyectos y maquetas, y hablar de establecer una escuela de medicina humana y otros planteles nuevos, mientras no se consolide lo que existe ... Mientras las escuelas actuales no eleven su calidad académica y mientras los actuales empleados de la Universidad no reciban una remuneración justa por su trabajo ... ¿Cómo soñar en gastar millones cuando se necesitan pesos para atender problemas urgentes e inmediatos? (El Sonorense, 9 de septiembre de 1972).
El domingo 10 se informó que al día siguiente se reunirían el Rector y miembros del Patronato con los dirigentes de la APUS. No hubo acuerdo, por lo cual la Asociación citó a asamblea urgente para el martes 12. Con esa fecha, el Rector hizo una nueva oferta por escrito: los profesores de Secundaria pasarían de $95.00 la hora-semana-mes a $135.00; los de Preparatoria, de $115.00 a $145.00; los de Administración de Campos Agrícolas y Ganaderos, de $125.00 a $145.00, y los de Enfermería y Trabajo Social, de $135.00 a $145.00.
En el oficio respectivo, el Rector hacía notar que los egresos presupuestados se encontraban ya $4'500,000.00 sobre los ingresos, y que de esa cantidad, $1 '500,000.00 correspondían al aumento que se había concedido en respuesta a la primera solicitud de la APUS.
La nueva oferta fue sometida a discusión en la asamblea del martes, con la asistencia de 128 personas. Hubo 96 votos por la no aceptación y sólo seis a favor. El paro siguió en la Preparatoria central, Contabilidad y Administración y Ciencias Químicas y parcialmente, en Enfermería y Trabajo Social, Secundaria y las unidades Sur y Norte. Leyes, Ingeniería, Agricultura y Ganadería y Altos Estudios reiniciaron las labores pero sin dejar de apoyar a la APUS.
El presidente del Patronato declaró que el aumento que se ofrecía era una medida transitoria para que se nos diera una oportunidad de buscar con tiempo las medidas definitivas, pues una presión como la huelga dificulta mucho las cosas. Explicó que con la erogación adicional por concepto de los incrementos salariales, crecería en Diez Millones de Pesos el déficit y sugirió aguardar el regreso del gobernador Faustino Félix Serna, que se hallaba ausente de Sonora, para solicitar el apoyo del Gobierno del Estado, así como tramitar una nueva entrevista con el subsecretario Víctor Bravo Ahúja para gestionar un aumento del subsidio; desde luego, invitarían a representantes de la APUS a participar en las entrevistas (Información, 13 de septiembre).
Faltaba que entraran en escena los trabajadores. El 18 de septiembre se reunieron en la Escuela de Ingeniería con el objeto de que su representante en el Consejo Universitario, Luis Mendívil Montiel, les informara cómo marchaba el asunto de los servicios médicos. Pero antes que el orador terminara, se puso de pie Teclo Moreno y propuso que ahí mismo se formara la Asociación de Trabajadores al Servicio de la Universidad de Sonora. La propuesta fue aceptada sin reticencias y el propio Moreno quedó como presidente; Francisco de la Torre, secretario; Aurora Salvatierra, tesorera; Cruz Bojórquez, Andrés Zayas y Ángel Bojórquez, vocales.
Las pinzas se cerraban.
Por fin, el 22 de septiembre ofreció Rectoría aumentar los sueldos de los profesores de Secundaria a $170.00; de Preparatorias, a $190.00 y de profesionales, a $200.00; así, los ingresos mensuales serían, respectivamente, de $6,800.00, $7,700.00 y $8,40000. El día anterior la APUS había renovado su mesa directiva, integrada por el profesor Héctor Parra Enríquez, presidente; Germán Romo, vicepresidente; Francisco del Rincón Bojórquez, secretario; Emma Corella, tesorera; César Rubio, prosecretario, y Rodolfo Sánchez Campuzano, pro tesorero.
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Fuente:
Carlos Moncada. Historia General de la Universidad de Sonora. Tomo III.
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