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lunes, 22 de junio de 2009

¿Dónde quedó la bolita...?

Hermosillo, Son.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo este lunes a siete empleados de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, pero aclaró que el juez les negó la orden de aprehensión en contra de los dueños de la Guardería ABC, que se incendió el 5 de junio pasado y que ha causado la muerte de 47 niños.
El titular de la PGJE, Abel Murrieta Gutiérrez, dijo que esa dependencia solicitó al juez 14 órdenes de aprehensión y que sólo les autorizó 13, de las cuales siete ya se ejecutaron y serán puestos a disposición del juez, siendo los detenidos los empleados estatales Manuel Gaxiola Santacruz, Francisco Arturo Bracamontes Córdova, Juan Parra Valenzuela, Ignacio Aduendas Salazar, Álvaro Pacheco Ferral, Jorge Antonio Lavandera Peñúñuri y Arturo Torres Escalante.
Con respecto a los dueños de la Guardería ABC, una de ellas familiar de la esposa del presidente Felipe Calderón y de la esposa del gobernador Eduardo Bours, el procurador estatal dijo que “nosotros alcanzamos a tener una probable responsabilidad o considerar que existía una probable responsabilidad en alguno de ellos, pero es precisamente donde se giró o donde se nos dijo que éramos incompetentes para conocerlo de acuerdo con la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde establece que los servicios públicos subrogados, todo lo que suceda en función de eso, tendrá que ser competencia federal”.
A la pregunta de quién quedará a cargo la consignación de los dueños de la Guardería ABC, Abel Murrieta señaló que “se hace un procedimiento a fin de que, en su caso, llegue a las autoridades que corresponda”.
Por otra parte, el delegado de la PGR en Sonora, Martín Godoy anunció que se han ejecutado varias órdenes de aprehensión en contra de funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes tendrían presunta responsabilidad en el incendio de la guardería ABC, aunque se negó a precisar cuántas órdenes de aprehensión se han ejecutado.
Godoy destacó que las autoridades federales no actuarán contra los socios de las guarderías porque son particulares y en ese caso le corresponde actuar a la Procuraduría estatal.
(Tomado de Laciberprensa.com)