"Se equivocan".
Fue esa la frase final de mi Bucareli de la semana pasada.
Con ella inicio éste, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el jueves lo escrito y coincidió conmigo en que se equivocaron quienes, faltos de sensibilidad humana y política, que no siempre van juntas, quisieron enterrar en las tumbas de los 49 niños quemados vivos sus negocios causantes de la tragedia.
Movieron todos los hilos, unos para cerrar la boca de sus marionetas y otros para abrírselas. Intentaron, por una parte, que no se hablara del asunto (“bájale, manito”), y, por la otra, distorsionar la realidad: la víspera, qué casualidad, del dictamen de la SCJN, el director del Seguro Social dio a conocer el resultado de una encuesta sobre guarderías y descubrió que 88% de padres consultados están encantados y confiados en ellas.
No es ese el problema, sino cómo se otorgaron, a quién y por qué, y quién supervisó y aprobó la guardería de la tragedia.
Pero se trataba de distraer y para eso sir ven las empresas encuestadoras, las mismas que días antes del 5 de julio daban el triunfo al PAN y el campeonato del apoyo popular a su miembro más destacado.
Para eso están y de eso viven.
Y se echó a andar el carrusel de los noticiarios para divulgar las cifras de la encuesta.
No aprenden.
El jueves, ocho de los 11 miembros del pleno de la Suprema Corte votaron por crear una comisión que investigue los actos de “negligencia y omisión” que ocasionaron la tragedia de la guardería.
No sólo eso, pues revisará todo el sistema de guarderías, la razón por la que se subrogan, el procedimiento seguido y verificar si el gobierno federal tiene atribuciones para dejar este servicio a particulares.
En 10 puntos se concretan los objetos de la investigación.
Debemos admitir, a la luz de la experiencia, que cumplidos los seis meses del plazo dado a la comisión para presentar sus conclusiones, no se llegue a nada práctico.
Pero debemos reconocer que los 10 puntos son, en sí mismos, una enumeración de los hechos que se ha tratado de ocultar durante más de dos meses.
Redactados como propósitos de investigación son señalamientos concretos de la falta de aseo, para decirlo suavemente, de todos los que metieron las manos antes, durante y después del incendio.
Son, desde ahora, una sentencia moral que no se alterará, para bien o para mal, cuando se dicte la jurídica.
Se investigará la responsabilidad de implementar la política de guarderías, los convenios de subrogación desde su concepción hasta su otorgamiento, las conductas de funcionarios del IMSS al respecto, cómo y con qué periodicidad se realizaban visitas de inspección, la intervención de las autoridades de Hermosillo y de Sonora, permisos de uso de suelo y licencia de funcionamiento, si la tragedia pudo haberse evitado, identificar los actos de negligencia médica posteriores al suceso y, para no abundar en detalles, “señalar a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales”.
El ministro Juan N. Silva Nieto señaló “presunto ocultamiento de datos por parte de algunas autoridades… el simple hecho de que la sociedad conozca la verdad es suficiente para que la SCJN intervenga… con toda la autoridad moral que la Constitución le ha otorgado…”.
El ministro Franco González Salas: “Conocer la verdad histórica de los hechos… tiene una importancia subrayada para la sociedad en su conjunto… existen elementos suficientes para determinar que en la violación grave de garantías individuales participaron autoridades federales, municipales y estatales… puede presumirse que las causas del siniestro pudieron obedecer directa o indire ctamente a la actuación u omisión de las diversas autoridades involucradas…”.
El ministro Sergio A. Vals Hernández: “…los hechos derivados primordialmente de omisiones o falta de diligencia de las autoridades y que violaron gravemente los derechos de los menores afectados, esta Corte ejerza su facultad de investigación”.
La ministra Olga Sánchez Cordero: “…previo a los hechos ocurridos y con posterioridad a ellos, hubo intervención de diversos entes públicos en los tres niveles de gobierno, que pudieran ser la causa que aquí se analiza…”.
Pertenecen a la historia de nuestro país las ponencias presentadas en la Corte.
El castigo ha empezado a aplicarse desde el jueves.
El crimen ya no quedará del todo impune.
Esperaremos el dictamen jurídico con la esperanza que alienta la labor de la Corte para que se haga justicia plena.
La decisión de los ministros es una instancia.
No será la última, aunque algunas conciencias intranquilas sigan confiando en el olvido. Se equivocan otra vez.
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Jacobo Zabludovsky. Crimen y castigo. El Universal.
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