México podría aprobar un impuesto a internet del 3% en los próximos días. Argentina está cerca de autorizar impuestos adicionales a los productos tecnológicos. Y el Reino Unido propone gravar con un impuesto el acceso a internet de alta velocidad.
Y sola, allá en el norte del mundo, Finlandia decide estipular que el acceso a internet por banda ancha es un derecho fundamental.
En el fondo la pregunta es simple: ¿es internet un derecho o un lujo?
El gobierno de México dice que quiere cobrar un impuesto a internet porque en los hogares en donde hay conexión también hay mayor poder adquisitivo. Justifica el proyecto, además, asegurando que es justo que se pague por utilizar la infraestructura de país.
Pero algunos internautas mexicanos no parecen estar muy de acuerdo. "Internet no es un lujo, es un derecho necesario" se lee en las últimas horas en blogs y Twitter. Los opositores a la medida creen que el gobierno está mirando las cosas desde una perspectiva errada, viendo a internet como un lujo y no como una inversión que hará más educados y competitivos a sus ciudadanos.
De hecho en Twitter se ha gestado una campaña bajo la etiqueta "Internet necesario" en la que se manifiesta la oposición a la medida que aún debe ser ratificada por el Senado mexicano.
También la Sociedad Internet de México -una organización no gubernamental- se manifestó en contra del gravamen al asegurar que puede perjudicar el acceso a internet en el país.
En Argentina, mientras tanto, el llamado "impuestazo tecnológico" se discute en el Senado -ya fue aprobado por los diputados- y podría avalarse en algunos días. En este caso se trata de una propuesta para aplicar impuestos adicionales a los productos tecnológicos que no sean fabricados en la Tierra del Fuego.
La medida busca proteger a la industria de dicha región, frente a la competencia extranjera. Pero algunos argentinos -sobre todo los usuarios de internet y las empresas- critican la medida por considerarla proteccionista. Según ellos, la producción de Tierra del Fuego no será suficiente para cubrir la demanda del país y sólo provocará un alza en los precios.
También en el país del Cono Sur los internautas se han organizado para oponerse a la medida.
Pero ¿van estas medidas en la dirección correcta?
Enrique Dans menciona que "Lo que ocurre es que hay gobiernos que se dan cuenta de que la tecnología marca una brecha digital entre los que tienen y los que no tienen y estiman que los que tienen acceso a una conexión o a tecnología pueden pagar un poco más. Realmente a pocos usuarios de la tecnología les resultará disuasoria una acción de este tipo. Lo que ocurre es que si puede disuadir a quien quiera entrar al mundo tecnológico", me responde vía telefónica.
Y añade: "Lo importante es que los gobiernos tengan claro a dónde quieren llegar con la tecnología. En este momento sabiendo lo que es internet y lo que puede aportar en términos de riqueza y de conexión de la sociedad, cualquier restricción es peligrosa. Lo que se debe hacer es fomentar su uso por lo que cualquier limitación es un paso en la dirección contraria".
En Londres soplan vientos en la misma dirección. El gobierno anunció planes para fijar un impuesto mensual de 50 peniques (poco menos de un dólar) a las conexiones de internet por banda ancha. Y lo hacen, explican, para crear un fondo que permita llevar internet de alta velocidad a las regiones británicas que aún no lo tienen.
Algunos expertos, sin embargo, critican la propuesta por considerar que lo único que hace es subsidiar una inversión comercial que deberían llevar a cabo las empresas que ofrecen el servicio de internet --y que cobran por él--, y no el gobierno.
Y mientras todo esto ocurre en varios puntos del planeta, el ejemplo finlandés aparece como una propuesta incómoda para otros gobiernos. "Los operadores de telecomunicaciones deben suministrar a cada residencia y oficina una conexión a internet de alta calidad, de al menos 1 megabyte, y a un precio razonable" asegura el gobierno de Finlandia.
¿Significa esto que los países del mundo deben seguir el ejemplo finlandés?
Yo no lo sé. Que contesten la ciencia... y los especialistas en derechos humanos...
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